Diresa espera decisión judicial tras alerta policial por riesgo sanitario en desalojo

El desalojo de la sede de la Dirección Regional de Salud de Huánuco quedó sujeto a una verificación judicial prevista para hoy, 10 de julio. Según el director general de la Diresa, Dr. Gustavo Barrera, los trabajadores acordaron no ofrecer resistencia y permitir el ingreso del juez a las instalaciones, especialmente al laboratorio regional, antes de que se adopte una decisión sobre la ejecución o suspensión de la medida. La nueva posición reduce el riesgo inmediato de un enfrentamiento, pero no elimina la preocupación sanitaria advertida por la Policía Nacional. Un oficio remitido el 9 de julio al Primer Juzgado Civil de Huánuco calificó el escenario como de “muy alto riesgo” para la salud pública y el orden interno si la diligencia se realiza sin personal especializado ni protocolos de bioseguridad. De acuerdo con Barrera, la instrucción es actuar pacíficamente. Los gremios sindicales y el personal permanecerán en vigilia, pero permitirán que el magistrado recorra la sede, compruebe el estado de las oficinas y examine las condiciones del laboratorio antes de resolver. “El señor juez ingresará con toda tranquilidad para la verificación de las instalaciones y, sobre todo, del laboratorio regional”, señaló. Según el acuerdo adoptado, será el magistrado quien determine si corresponde continuar con el desalojo o suspenderlo después de constatar los riesgos expuestos. El laboratorio concentra la principal preocupación La advertencia policial sostiene que el laboratorio de la Diresa constituye una infraestructura crítica para el sistema regional de vigilancia epidemiológica. En ese ambiente se procesan y conservan muestras biológicas de importancia sanitaria, por lo que una intervención sin técnicos especializados podría afectar su conservación y comprometer la operatividad del servicio. El documento fue dirigido a Jean Fredy Agurto Moreno, juez del Primer Juzgado Civil de Huánuco, y suscrito por el coronel PNP Marco Antonio Gonzales Villón, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Huánuco. La Policía señaló que el riesgo no se limita al traslado de mobiliario o archivos administrativos. Una manipulación inadecuada de muestras, equipos o insumos podría generar accidentes, interrumpir los procedimientos del laboratorio y poner en peligro al personal que participe en la diligencia. El oficio también advierte que la tensión alrededor de la sede puede provocar alteraciones del orden interno. Esa preocupación aumentó después de que trabajadores colocaran llantas en espacios exteriores e interiores del inmueble durante las horas previas al lanzamiento. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con los gremios sindicales modifica el escenario inicial. Los trabajadores aseguran ahora que no impedirán el ingreso del juez ni promoverán acciones violentas. La vigilia, según indicaron, busca acompañar la inspección y esperar la decisión judicial. La diligencia ya no aparece como automática La información entregada por los trabajadores introduce un elemento decisivo: el ingreso del juez no implicaría necesariamente la ejecución inmediata del desalojo. Primero se verificarían las instalaciones y el laboratorio, y luego se evaluaría si existen condiciones suficientes para continuar. Esta precisión resulta relevante porque hasta ahora el lanzamiento era presentado como una intervención inminente. La inspección judicial abre la posibilidad de que la medida sea suspendida, reprogramada o condicionada a la adopción de protocolos especiales. No obstante, todavía falta conocer si el juzgado ha formalizado ese procedimiento mediante una resolución o disposición expresa. Tampoco se ha precisado qué especialistas acompañarán al magistrado, quién certificará el estado de las muestras ni qué entidad asumiría su traslado si el desalojo continúa. La Diresa tampoco ha informado públicamente si cuenta con una sede alterna, ambientes con condiciones de bioseguridad o un plan para mantener operativos los servicios después de la diligencia. Una decisión con impacto regional El caso supera la disputa por la ocupación de un inmueble. La decisión judicial puede afectar una dependencia vinculada con la vigilancia epidemiológica de toda la región, por lo que cualquier traslado requiere asegurar la continuidad de los procedimientos y la conservación de las muestras. La actuación pacífica anunciada por los trabajadores permite que la atención se concentre ahora en el aspecto técnico y sanitario. El punto central será determinar si el laboratorio puede ser intervenido sin afectar su funcionamiento y qué medidas deben adoptarse para proteger a las personas y materiales involucrados. Durante la inspección también deberá comprobarse qué equipos permanecen en la sede, qué muestras requieren conservación especial y cuánto tiempo tomaría trasladar el laboratorio a otro ambiente con condiciones adecuadas. El desenlace dependerá de lo que el juez encuentre hoy dentro de la institución. Si considera que existen riesgos que no pueden ser controlados de inmediato, podría suspender o reprogramar el desalojo. Si decide ejecutarlo, las autoridades deberán explicar qué protocolo aplicarán y cómo garantizarán que la vigilancia epidemiológica no quede interrumpida. La Policía ya dejó constancia del riesgo. Los trabajadores anunciaron que no ofrecerán resistencia. La decisión final quedará en manos del Primer Juzgado Civil, después de una verificación que puede definir tanto el futuro del inmueble como la continuidad de uno de los servicios sanitarios más sensibles de Huánuco.