Una denuncia por presunta negligencia médica en el hospital Valdizán Medrano quedó supeditada al informe de Medicina Legal, según indicó el abogado John Ruiz Morales, defensor de Gabriela Santiago Simón. El caso corresponde a un parto prematuro ocurrido en octubre de 2025, cuando la paciente, con 24 semanas de gestación y embarazo de alto riesgo, habría dado a luz en el baño del área donde permanecía hospitalizada.
De acuerdo con Ruiz Morales, la paciente ingresó al hospital tras un tratamiento de fecundación in vitro y fue internada por indicación médica. El abogado sostuvo que entre el 4, 5 y 6 de octubre la gestante presentó dolores progresivos, pero no habría recibido el monitoreo constante que, según su versión, exigía su condición obstétrica.
El defensor afirmó que, la noche del 6 de octubre, la paciente acudió al baño por dolores intensos y allí se produjo el nacimiento. Según relató, el neonato cayó al piso y habría presentado movimientos, versión que atribuyó a la madre y al esposo, quien se encontraba como acompañante autorizado.
La investigación depende de Medicina Legal
El abogado indicó que el plazo de investigación vence el 24 de abril. Según advirtió, si Medicina Legal concluye que no hubo responsabilidad, la Fiscalía podría archivar el caso, aunque adelantó que evalúa presentar un peritaje de parte con un especialista médico.
Ruiz Morales señaló que el caso está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, bajo conducción del fiscal Carlos Valencia Oviedo. Según el abogado, el expediente fue derivado a Medicina Legal el 26 de noviembre, pero hasta la fecha no se habría emitido el pronunciamiento de fondo sobre una eventual responsabilidad médica.
Ruiz Morales también cuestionó que el personal médico mencionado en la denuncia haya sido citado como testigo y no como investigado. Además, afirmó que los videos de las cámaras del hospital no fueron entregados porque, según le habrían comunicado, ya habían sido borrados tras 15 días.
Familia exige informe antes del cierre fiscal
El abogado agregó que Susalud también revisa el caso para determinar una eventual responsabilidad administrativa del hospital. Según sostuvo, esa investigación lleva cerca de seis meses sin una respuesta definitiva.
El desenlace inmediato dependerá del informe médico legal. Si el documento llega antes del 24 de abril, la Fiscalía tendrá un elemento clave para definir si formaliza diligencias adicionales o si archiva la denuncia; si no llega a tiempo, la familia quedará frente a una nueva disputa por los plazos y la validez de las actuaciones pendientes.
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