Defensoría del Pueblo cuestiona agresivo comportamiento del director del hospital de Tingo María

La conducta del director del hospital de Tingo María generó cuestionamientos desde la Defensoría del Pueblo en Huánuco. El jefe defensorial Marco Durand Rocca sostuvo que el comportamiento agresivo mostrado por el funcionario frente a ciudadanos y personal del establecimiento debe ser evaluado por las autoridades competentes, al considerar que se trata de una institución pública abierta a la ciudadanía. Durand Rocca indicó que un hospital pertenece al Estado y, por lo tanto, cualquier ciudadano tiene derecho a ingresar para ejercer sus derechos o realizar consultas. Según manifestó, ninguna autoridad puede considerar un establecimiento público como un espacio de dominio personal ni responder con agresiones verbales o físicas ante cuestionamientos. El representante defensorial también recordó que las autoridades están sometidas al escrutinio público y que los periodistas cumplen un rol clave al trasladar información a la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que los comunicadores no pueden ser objeto de maltrato verbal por realizar preguntas relacionadas con la gestión de una entidad pública. La obligación de respetar el acceso ciudadano Durand Rocca sostuvo que la administración pública está obligada a brindar un trato respetuoso a la población. Según señaló, cuando un funcionario responde con violencia verbal o física frente a una consulta o fiscalización, ese comportamiento refleja una falta grave en el ejercicio de la función pública. El jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco indicó que corresponde al director regional de Salud intervenir para corregir este tipo de conductas dentro del hospital de Tingo María. A su juicio, la autoridad sanitaria debe establecer límites claros para evitar que situaciones similares se repitan. Además, recordó que las instituciones públicas tienen procedimientos legales para responder solicitudes o reclamos ciudadanos. Según explicó, cuando un funcionario no cuenta con una respuesta inmediata, la normativa establece plazos administrativos que deben cumplirse sin recurrir a confrontaciones. El rol del Ministerio Público ante posibles delitos Durand Rocca precisó que, cuando la Defensoría del Pueblo recibe denuncias ciudadanas, sus comisionados se trasladan al lugar para levantar actas y exhortar a las autoridades a corregir su conducta. En caso de persistir irregularidades, la institución emite recomendaciones formales. Asimismo, señaló que cuando los hechos podrían constituir delito, corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones. Según indicó, en situaciones difundidas públicamente, la noticia criminal ya es de conocimiento de las autoridades fiscales, que deben determinar responsabilidades. El representante defensorial subrayó finalmente que los funcionarios públicos están llamados a mantener un comportamiento respetuoso frente a la ciudadanía y los medios de comunicación, porque su labor se desarrolla en espacios financiados con recursos del Estado y bajo permanente control público.