Alrededor de 15 proveedores que participaron en la ejecución de la vía Higueras–Cozo denunciaron que la empresa contratista identificada por ellos como Cozo San José les adeuda, en conjunto, más de S/700 mil por el alquiler de volquetes, retroexcavadoras y otra maquinaria. Los pagos pendientes se habrían acumulado desde octubre de 2025 y comprenderían servicios prestados hasta marzo de este año. Los reclamantes acudieron a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para solicitar su intervención, pero aseguraron que no recibieron una respuesta concreta. Según su testimonio, hace aproximadamente 20 días mantuvieron una reunión con el director regional, quien se habría comprometido a revisar el caso. La deuda denunciada corresponde directamente a la contratista. El material entregado no demuestra que la Dirección Regional de Transportes haya contratado a estos proveedores ni que tenga una obligación directa de pago con ellos. La responsabilidad de la entidad pública deberá establecerse a partir del contrato de obra, los pagos efectuados a la empresa y las reglas aplicables a proveedores o subcontratistas. DEUDAS DE S/60 MIL Y S/30 MIL Uno de los proveedores, quien no quiso identificarse, calculó que la empresa le debe aproximadamente S/60 mil. Señaló que emitió las facturas por sus servicios y que ahora debe afrontar obligaciones tributarias sin haber recibido el dinero correspondiente. María Salas, otra de las afectadas, estimó su deuda en S/30 mil por el alquiler de maquinaria y volquetes. Añadió que la falta de pago también alcanza las detracciones vinculadas a sus facturas y que ya recibió notificaciones de la Sunat. El retraso no terminaría en los proveedores. Salas explicó que ellos, a su vez, mantienen obligaciones con operadores y trabajadores que participaron en los servicios. La controversia habría generado una cadena de deudas privadas, compromisos tributarios y posibles multas. VERSIONES CONTRADICTORIAS SOBRE LOS PAGOS Uno de los proveedores sostuvo que la contratista atribuye la deuda a que la Dirección Regional de Transportes no le habría pagado. Sin embargo, afirmó que el director regional les manifestó que la entidad sí habría cumplido con los desembolsos a la ejecutora. Esta contradicción constituye el punto central que debe esclarecerse. No se cuenta con comprobantes, valorizaciones, órdenes de pago ni estados financieros que permitan determinar cuánto recibió la contratista, en qué fechas y por qué conceptos. Tampoco se conoce si la empresa formuló observaciones a las prestaciones de los proveedores, si reconoce la totalidad de los S/700 mil o si existe un cronograma de cancelación. Los reclamantes señalaron que durante varios meses recibieron promesas sucesivas de pago, pero no una fecha definitiva. El grupo informó que evaluaría coordinar con sus abogados una denuncia. Uno de los afectados pidió incluso la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, aunque en el material no aparece evidencia de que la denuncia haya sido formalmente presentada ni elementos que permitan afirmar la comisión de un delito. Antes del cierre, corresponde solicitar a la contratista su relación de obligaciones pendientes y a Transportes el detalle de las valorizaciones y desembolsos efectuados. Mientras no se incorporen esas versiones, el monto de S/700 mil debe mantenerse expresamente como una denuncia de los proveedores y no como una deuda oficialmente reconocida.
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