La Contraloría General de la República halló que el proyecto de remodelación de la Laguna Viña del Río, en la ciudad de Huánuco, contempla la tala de 95 árboles, el traslado de 112 y la conservación de solo 30, de un total de 237. El hallazgo consta en un informe del organismo de control, elaborado tras una inspección realizada entre el 10 y el 22 de setiembre.
Según el documento, se detectó una «situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de la ejecución y supervisión de la obra: 'Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en la Laguna Viña de Río del distrito de Huánuco'». Se trata de «la no preservación y conservación de los 237 árboles de la obra», lo que, según la Contraloría, podría ocasionar impactos negativos sobre el componente flora y el incumplimiento de obligaciones de prevención y protección del medio ambiente.
El plan de arbolado y la versión del gobernador
De acuerdo con el informe, el Plan de Trabajo para la Protección de árboles y un cuadro resumen de tratamientos recomendados en la Laguna Viña del Río detallan la tala de 95 árboles, el traslado de 112 y la conservación de 30. Ese documento contrasta con la versión del gobernador regional, Antonio Pulgar, quien aseguró que no se talaría ni un árbol en este proyecto.
La Contraloría señala que esa situación conllevaría a incumplir lo establecido en la Ley n.º 28611, Ley General del Ambiente, y lo fijado en la Ordenanza Municipal n.º 017-2016-MPHCO, cuyo artículo 19 prohíbe en las áreas verdes de uso público de la provincia de Huánuco «la tala de árboles y poda severa, sin la autorización expresa de la autoridad municipal». La norma añade que la solicitud de autorización de tala y/o poda debe estar acompañada del informe técnico de la autoridad competente que acredite la necesidad de realizarlo.
La versión del Gobierno Regional no coincide con el plan citado por la Contraloría. El gerente regional de Infraestructura, Daniel Mallqui Estacio, sostuvo que no se talará ningún árbol y que el expediente técnico solo presupuesta su protección. En cambio, el Colectivo Ambiental Región Huánuco cita un informe de arbolado del mismo expediente que, sobre 237 árboles, recomendaría talar 96 y trasladar 111, es decir, el 87 % del total, según el cálculo de este diario. La Resolución Gerencial Regional 454-2026-GRH/GRI, que aprobó el expediente el 21 de agosto por S/ 30 443 386,37 y con 540 días calendario de ejecución, habla de un tratamiento integral de los árboles y no trae esas cifras.
Presupuesto, plazos y recomendación
La obra cuenta con un presupuesto de 30 443 386,37 soles financiados por el Gobierno Regional de Huánuco. Comenzó a ejecutarse el 26 de agosto último y su culminación está proyectada para el 16 de febrero de 2028, es decir, bajo otra gestión regional.
El informe de la Contraloría recomienda al gobernador regional adoptar «las acciones correctivas y preventivas que correspondan» frente a la situación detectada.
La licencia observada y el reparto de competencias
El proyecto acumula otros frentes abiertos. Según lo publicado por este diario, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huánuco declaró no ha lugar —improcedente— el procedimiento preventivo solicitado por el Colectivo Ambiental Región Huánuco, mediante la Disposición Fiscal 001-2026, del 30 de septiembre. La Fiscalía precisó que otorgar la licencia de edificación y paralizar obras sin autorización corresponde a la Municipalidad Provincial de Huánuco, y que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ya conoce el caso. La disposición resolvió quién es competente, no si la obra es legal, y la propia Fiscalía explicó que no tiene funciones para supervisar técnica, administrativa o financieramente un proyecto de inversión, aprobar expedientes técnicos ni medir el avance físico.
La licencia de edificación solicitada por el Consorcio Ejecutor Laguna el 28 de agosto seguía observada al 18 de septiembre, según informó entonces la Subgerencia de Control Urbano y Catastro de la Municipalidad. La disposición fiscal reparte competencias entre varias entidades:
- Licencia de edificación y paralización de obras sin autorización: la Municipalidad Provincial de Huánuco.
- Tala, traslado o retiro de árboles: la Municipalidad o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
- Obras en la laguna, su faja marginal y la captación del río Higueras: la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
- Remoción de suelos y monitoreo arqueológico: el Ministerio de Cultura.
- Control concurrente en inversiones de más de S/5 millones: la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional.
El pedido del colectivo y la vía judicial
El mismo 30 de septiembre, el Colectivo Ambiental Región Huánuco, que preside Laurent Boucher Troquereau, presentó ante el gerente municipal una queja por defectos de tramitación. Pide una inspección en 48 horas y, si se constata construcción sin licencia, una medida provisional. El escrito incluye una denuncia administrativa por omisión de deberes, aunque aclara que no pide cerrar el proyecto ni imputa responsabilidad a una persona. Sostiene que una queja anterior, del 23 de septiembre, debió resolverse en tres días hábiles, plazo que venció el lunes 28, y afirma que la Municipalidad no notificó esa resolución, ni una inspección, ni el certificado de parámetros pedido el 14 de septiembre. Si el miércoles 7 de octubre no hay respuesta, anunció que desde el viernes 9 podrá presentar una demanda de cumplimiento.
En paralelo, el Segundo Juzgado Civil de Huánuco admitió a trámite una demanda de amparo del decano del Colegio de Abogados de Huánuco contra el Gobierno Regional y los consorcios ejecutor y supervisor, con audiencia fijada para el 12 de octubre. El Colectivo Ambiental y la Coalición Ciudadana por la Dignidad de la Región Huánuco pidieron además al OEFA fiscalizar y paralizar la obra.
El cercado nocturno y la intervención fiscal
El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de Diseño y Construcción, según el Contrato N.° 0132-2025-GRH/GGR, del 26 de setiembre del 2025, suscrito con la empresa contratista, y el Convenio N.° 0039-2024-GRH/GR del 23 de setiembre de 2024 con la Municipalidad Provincial de Huánuco. Mediante un comunicado, el Gobierno Regional confirmó que procedió al cercado perimétrico de seguridad de la zona, y afirmó que el inicio y ejecución de la obra se realizarán respetando la Ley n.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
El cerco colocado durante la noche del viernes al sábado derivó en una intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, cuyo titular es César Gonzales Ramos. Mediante el Oficio N.° 1678-2026-MP-FN-FPEMA-HUÁNUCO, dirigido al jefe de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la PNP en Huánuco, el fiscal solicitó disponer la inmediata verificación y corroboración de que el Gobierno Regional habría dado inicio a la ejecución de la obra, al presunto cercado sin certificación ambiental ni autorizaciones administrativas exigibles, hechos que podrían configurar la presunta comisión del delito de alteración del ambiente o paisaje. El documento pide identificar a los funcionarios responsables, individualizar a la entidad ejecutora y a la empresa contratista, y recabar copia de las resoluciones, autorizaciones, permisos y certificaciones ambientales que sustenten la intervención.
La Contraloría, por su parte, admitió una denuncia sobre el caso, según la extracción factual. El informe de control concurrente recomienda al gobernador adoptar acciones correctivas y preventivas mientras la obra, de 540 días calendario, sigue en ejecución.
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