Un perjuicio económico de S/153 mil fue detectado por la Contraloría General de la República en la Municipalidad Distrital de Amarilis por la contratación de un funcionario que, según el órgano de control, se encontraba impedido de ejercer función pública debido a sentencias judiciales por delitos dolosos. El caso compromete presuntamente a seis funcionarios ediles. La irregularidad está contenida en el Informe de Control Específico n.° 008-2026-2-2694-SCE, que evaluó la designación y contratación del profesional entre los años 2023 y 2026. De acuerdo con la Contraloría, el servidor fue incorporado pese a contar con condenas en primera instancia por delitos contra la fe pública y contra la administración pública. El funcionario fue contratado inicialmente bajo el régimen CAS como gerente de Administración y Finanzas en dos periodos: de enero a marzo de 2023 y de noviembre de 2025 a enero de 2026. Además, laboró como locador de servicios especializado en gestión de procesos administrativos desde marzo de 2023 hasta septiembre de 2025. Sentencias e impedimento legal La Contraloría señaló que, durante esos periodos, el profesional tenía sentencias condenatorias por falsificación de documentos públicos y por peculado doloso por apropiación, ambos en agravio del Estado. Esa condición, conforme a la Ley n.° 31042, le impedía ejercer funciones públicas mediante designación en cargos de confianza. El órgano de control también advirtió que el funcionario presentó declaraciones juradas en las que afirmaba no tener impedimentos para contratar con el Estado. Para la Contraloría, esa información resultaba incompatible con la existencia de las sentencias señaladas en el informe. El caso no se limita al impedimento personal. El informe sostiene que la municipalidad utilizó cotizaciones atribuidas a personas naturales para sustentar órdenes de servicio. Sin embargo, según la Contraloría, esas personas negaron haber presentado propuestas y afirmaron que las firmas consignadas no les pertenecían. Seis funcionarios bajo observación La Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en seis funcionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis por permitir la designación y contratación de una persona impedida de ejercer función pública, así como por autorizar pagos por servicios que, según el informe, no habrían sido prestados. Otro punto observado corresponde a las órdenes de servicio emitidas en 2023. Según el informe, alcanzaron un monto acumulado de S/50 mil, superando el límite permitido para contrataciones directas de hasta ocho Unidades Impositivas Tributarias. En consecuencia, la entidad debió convocar un procedimiento de selección, lo que no ocurrió. El órgano de control informó que los hechos fueron comunicados a las instancias competentes para que adopten las acciones que correspondan conforme a ley. El informe completo, según la Contraloría, puede ser consultado a través del Buscador de Informes de Servicios de Control. El caso abre un frente sensible para la gestión municipal de Amarilis. La contratación de un funcionario con impedimento, el uso de cotizaciones con firmas cuestionadas y el perjuicio económico detectado obligan ahora a determinar quién autorizó, quién verificó y quién pagó dentro de la cadena administrativa.
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