Colegios profesionales exigen postergar obras de Alameda y Viña del Río hasta acreditar planes y permisos

El Colegio de Ingenieros del Perú–Consejo Departamental Huánuco, juntas vecinales y representantes de la sociedad civil exigieron al Gobierno Regional de Huánuco postergar el inicio físico de los proyectos de la Alameda de la República y la laguna Viña del Río hasta acreditar los planes de tránsito, reubicación de comerciantes, gestión de riesgos y protección ambiental. El pedido fue formulado durante una Mesa de Concertación y Diálogo realizada en Huánuco, precisamente el día señalado para el comienzo de ambas intervenciones. La fecha del 15 de julio fue establecida “de manera indefectible” mediante el acta suscrita el 22 de junio de 2026 por el gobernador regional Antonio Pulgar Lucas, el alcalde provincial Juan Antonio Jara Gallardo y representantes de Construcción Civil. El documento identifica el proyecto de la Alameda con el Código Único de Inversión (CUI) N.° 2680649 y el de Viña del Río con el CUI N.° 2680650. Las observaciones planteadas no han generado una resolución administrativa o judicial que suspenda las obras, pero aumentan la presión para que las autoridades demuestren que pueden iniciarlas legalmente y sin trasladar sus impactos a vecinos, feriantes y transportistas. Certificación ambiental es obligatoria para la Alameda El cuestionamiento adquiere mayor relevancia por el Informe N.° D000312-2026-MINAM-VMGA-DGPIGA-DGEIA, emitido el 2 de julio por la Dirección de Gestión de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente. El pronunciamiento determinó que el proyecto de la Alameda puede producir impactos ambientales significativos y que, antes de comenzar cualquier ejecución física, debe obtener una certificación ambiental. El informe dispone que el Gobierno Regional presente una Evaluación Ambiental Preliminar ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad que deberá clasificar el proyecto y establecer el instrumento ambiental correspondiente. El pronunciamiento no concede viabilidad ambiental ni reemplaza las autorizaciones municipales y sectoriales necesarias. Durante la mesa, integrantes de los colegios de Ingenieros, Arquitectos y Abogados, así como representantes del Colectivo Ambiental y organizaciones ciudadanas, solicitaron que el Gobierno Regional presente los expedientes, estudios ambientales y sociales, cronogramas, contratos y documentos relacionados con la licitación. El reclamo no demuestra por sí mismo que esos instrumentos sean inexistentes, pero obliga a la entidad ejecutora a exponerlos y explicar su estado. El Gobierno Regional sostuvo anteriormente que el expediente técnico de la Alameda continuaba en revisión. Posteriormente, el gerente regional de Infraestructura, Daniel Mallqui Estacio, aseguró que la obra no empezaría sin las autorizaciones correspondientes, incluida la Declaración de Impacto Ambiental. También anunció que no se talarían árboles y que los ejemplares afectados serían trasladados. Desvíos y feriantes siguen en el centro del conflicto El decano Fernando Husserl Espinoza Soto concentró sus observaciones en las consecuencias urbanas. Solicitó precisar qué calles serán cerradas, cuáles funcionarán como rutas alternas y cómo se mantendrá el acceso de residentes, comercios, transporte público y vehículos de emergencia. También preguntó si los desvíos requerirán una ordenanza de la Municipalidad Provincial de Huánuco. La reubicación de los integrantes de la Feria Sabatina presenta cambios que necesitan ser formalizados. El acta del 22 de junio contemplaba trasladarlos temporalmente al malecón Calicanto, previa autorización de la Municipalidad Distrital de Amarilis. Sin embargo, el gerente municipal de Desarrollo Económico, Guiordan Cabrera Benancio, informó este 15 de julio que los comerciantes aceptaron instalarse en la avenida Alfonso Ugarte, entre los jirones Independencia y Huallayco, desde una fecha todavía no comunicada. El nuevo espacio tampoco cuenta con agua potable para preparar alimentos. La municipalidad indicó que los puestos podrán vender comida, pero no elaborarla en el lugar por razones sanitarias. Esta limitación refuerza el pedido de aprobar un plan escrito que defina ubicación, empadronamiento, servicios básicos, seguridad y reglas de funcionamiento antes del traslado. Cuestionan plazo de 540 días y alcance de las intervenciones Espinoza pidió sustentar el plazo de 540 días —equivalente a 18 meses— presentado para la ejecución. Advirtió que el cronograma debe contemplar interferencias en las redes de agua y desagüe, restricciones vehiculares, lluvias, eventuales conflictos con comerciantes y otros riesgos que podrían ocasionar ampliaciones o paralizaciones. El decano mencionó como referencia la Alameda Perú de Tingo María, cuya ejecución habría demandado aproximadamente tres años. La comparación fue planteada para exigir una explicación técnica del cronograma, no como prueba de que las obras de Huánuco necesariamente tendrán la misma duración. También solicitó aclarar por qué durante las exposiciones comenzó a mencionarse el malecón Daniel Alomía Robles. La municipalidad presentó anteriormente el malecón, la Alameda y Viña del Río como intervenciones distintas; por ello, no corresponde asumir que forman un solo proyecto mientras los expedientes no precisen su relación. La controversia deja cinco respuestas pendientes del Gobierno Regional: acreditación ambiental, plan de tránsito, reubicación definitiva de feriantes, sustento del plazo de 540 días y delimitación exacta de las obras. Hasta que esos documentos sean expuestos, el conflicto continuará enfrentando la necesidad de renovar espacios deteriorados con la obligación de ejecutar las inversiones sin improvisación ni riesgos innecesarios.