Los baches de la carretera Central entre San Rafael y Pumahuasi son un incumplimiento del contrato de conservación, dijo el sábado 7 de noviembre la diputada oficialista por Huánuco Karina Beteta Rubín. Si la empresa no corrige, dijo, pedirá rescindir el contrato del Consorcio Puma.
«La conservación significa que no debe haber ningún bache», dijo Beteta en una conferencia de prensa en Huánuco. Lo dijo después de dos días de recorrido con el director ejecutivo de Provías Nacional. En Tingo María, según la diputada, el dirigente Víctor Zevallos le mostró al funcionario los desagües colapsados junto a la vía. Cuando el agua rebalsa, dijo Beteta, maltrata el pavimento.
El jueves 5, la comitiva fue de Huánuco a Tingo María. El viernes 6 recorrió el tramo hasta el cruce de Cerro de Pasco y la vía hacia Punto Unión. Beteta dijo que el recorrido salió de una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones en Lima.
San Rafael a Pumahuasi: solo conservación
Según Beteta, la carretera Central tiene dos tipos de trabajo en la región. Del cruce de Cerro de Pasco a San Rafael se hace mantenimiento. De San Rafael a Pumahuasi, en la provincia de Leoncio Prado, el contrato es de conservación y lo tiene el Consorcio Puma.
Dentro de ese corredor hay un tramo que, según la diputada, le toca al Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco). Va del puente Huancachupa a La Esperanza. Beteta dijo que pedirá al Gorehco que cumpla con su mantenimiento y conservación.
La diputada describió cunetas tapadas por lodo y tramos con baches. «Todos esos tramos están totalmente abandonados», dijo. Cuando un tramo pierde la capa asfáltica, explicó, el consorcio debe rehabilitar esa parte.
Diario Ahora dio cuenta el 6 de noviembre de que la Unidad Zonal Huánuco de Provías ya contaba 78 sectores críticos en setiembre. En ese mismo mes, el gerente del consorcio dijo que su contrato es de mantenimiento, no de rehabilitación.
«Eso no es cierto»
Un periodista le dijo a Beteta que el consorcio, en su última conferencia de prensa, atribuyó el deterioro a la falta de presupuesto. Según el periodista, la empresa pidió una ampliación que le negaron y ya recibió penalidades.
«Eso no es cierto», respondió Beteta. Dijo que, si el presupuesto no alcanzaba, el error fue del consorcio al presentar su oferta en la licitación. «Lo que corresponde al Estado es hacer valer lo que dice el contrato», dijo.
Beteta dijo que el director ejecutivo de Provías Nacional ya se reunió con el consorcio y con el supervisor. También dijo que ya pidió el cambio del supervisor. «¿Dónde está el pago mensual que le han hecho al supervisor?», preguntó.
La diputada no fijó un plazo a la empresa. «No tiene que haber ningún plazo. Ellos tienen que cumplir», dijo. Si el incumplimiento sigue, añadió, pedirá la rescisión del contrato.
Beteta también anunció que pedirá fiscalizar a los funcionarios del gobierno anterior que convocaron la licitación. Según ella, el contrato es «muy largo» y no previó las fallas geológicas de la vía, sobre todo entre Huánuco y Tingo María.
Cierres en el tramo a Pasco
Sobre las restricciones de tránsito entre Huánuco y Pasco, Beteta dijo que no se pueden evitar mientras dure el mantenimiento. Pidió que se informen los horarios de cierre y apertura. También pidió estudiar rutas alternas para el transporte.
Para la temporada de lluvias, Beteta dijo que pidió a la empresa dejar maquinaria de forma permanente en los puntos donde siempre se abren huecos. Ante un derrumbe, dijo, la limpieza debe ser inmediata.
65 puntos críticos en Chinchao
Zevallos, que vive en Tingo María, dijo que reclama por la vía sin cargo ni pago. Según él, el distrito de Chinchao, desde Puente Rancho, es la zona más afectada. «Un promedio de sesenta y cinco puntos críticos», dijo. Entre Huánuco y Pasco, según Zevallos, son ocho.
Zevallos dijo que la prioridad es el corto plazo, ante el fenómeno de El Niño. «Si no tomamos medidas preventivas, quedamos incomunicados», dijo.
El dirigente también cuestionó la supervisión. Dijo que el año pasado se asfaltaron en caliente tramos de 100 metros que a los dos meses ya no estaban. «¿Dónde está la función del supervisor de Provías?», preguntó.
Según Zevallos, el director ejecutivo de Provías les dijo que la solución no depende solo del dinero ni de los trámites. Pidió que se sumen el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros para revisar los contratos.
El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, dijo que desde el año pasado pidió declarar en emergencia la vía de Cerro de Pasco a Pumahuasi. También dijo que la municipalidad está abierta a cualquier fiscalización de la diputada.
Provías, con la puerta cerrada
Un periodista dijo en la conferencia que la oficina de Provías en Huánuco no da información sobre ninguna carretera. Pidió que su jefe informe a la población una vez al mes.
Beteta respondió que los funcionarios están obligados a informar a las autoridades, a la prensa y a los ciudadanos. Dijo que pedirá al ministro una orden de atención «de puertas abiertas». «Si vamos a tener que remover a los funcionarios, no tengan duda de eso», dijo.
La diputada puso como ejemplo a Seda Huánuco. Según ella, la crisis habría sido menor si el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) hubiera informado a tiempo.
Otass: la Sunass decide
Beteta dijo que el lunes 9 de noviembre, a las 8:00 a. m., tenía una reunión con el ministro de Vivienda. La agenda, según ella, era Seda Huánuco, el Otass, la planta de tratamiento de aguas residuales y obras de agua, desagüe, pistas y veredas.
Un periodista le recordó que el comité de lucha exige que la empresa deje el Otass y pase a la Municipalidad Provincial de Huánuco. Beteta pidió que el tema no se politice. «Acá no podemos ser que se hace lo que yo diga», dijo.
Según Beteta, el Otass intervino Seda Huánuco en 2020 por la mala administración de las municipalidades. Dijo que ahora las cuentas de la empresa están «en azul» y que un informe está en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
La Sunass, dijo la diputada, decidirá si la empresa sigue en el Otass o vuelve a la municipalidad. Si vuelve, añadió, el Otass deberá acompañarla. Para sacar al Otass de otro modo, dijo, habría que cambiar la ley.
Beteta dijo que el gerente y otra ingeniera del Otass en Huánuco renunciaron y que deben llegar nuevos representantes. Un periodista le dijo que se trata de una rotación, no de una renuncia.
Sobre el exalcalde Jesús Giles, que según un periodista pide que la empresa pase a la municipalidad, Beteta dijo que los exalcaldes «son parte de este problema». «Ellos tienen que hacer mea culpa», dijo.
Huánuco-La Unión: hay dinero, faltan predios
Beteta dijo que la vía Huánuco-La Unión tiene tres tramos y que solo uno avanza. El primero, de Huánuco a Punto Unión, está paralizado. El segundo, de Punto Unión al puente Tingo Chico, sigue en obra. El tercero, de Tingo Chico a Huallanca, está paralizado.
Según la diputada, la falta de dinero no explica la paralización. La inversión está garantizada al 100 %, dijo. Lo que falta, según ella, es que se entreguen a la empresa los predios para ensanchar la vía.
Beteta dijo que algunos dueños ya recibieron el pago del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y aún no desocupan. Si el segundo tramo termina sin predios libres, según lo que le dijeron en Provías, el presupuesto se iría a otra región.
La diputada pidió a los alcaldes en funciones y a los electos convencer a los vecinos. Si no lo logran, dijo, quedaría «la fuerza de la ley», es decir, los desalojos. «Pero a eso no tenemos por qué llegar», añadió.
Un periodista le preguntó si denunciará a los alcaldes por omisión de funciones, como en el caso de Ambo. Beteta no respondió esa parte de la pregunta.
Según el director ejecutivo de Provías, citado por Beteta, la obra se entregaría a más tardar en junio de 2028 si se liberan los predios. La diputada dijo que la vía llevaría los productos de Huánuco al puerto de Chancay.
Beteta también dijo que el presupuesto para 2027 de la vía Oyón-Churín-Yanahuanca-Ambo está garantizado. Según ella, los expedientes definitivos están por culminarse.
Zevallos dijo que el martes 10 o el miércoles 11 de noviembre empezará a reunirse con las autoridades electas para la liberación de los predios. Esas autoridades asumen el 1 de enero.










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