La diputada Karina Beteta responsabilizó a un consejero regional de frenar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Huánuco y pidió al Consejo Regional aprobar el terreno que el proyecto necesita. Lo dijo a Diario Ahora tras una reunión en el Ministerio de Vivienda con el presidente del OTASS, el gobernador regional y el alcalde provincial, en la que, según ella, se recuperó el interés de la entidad financiadora.
Como ha informado Diario Ahora, la PTAR, valorizada en 484 millones de soles, figura desactivada en el Banco de Inversiones del MEF porque no tiene terreno. El predio elegido, en Colpa Baja, colinda con el humedal Totoral Huachog, que una ordenanza regional de 2016 declaró intangible. Para cederlo, el Consejo Regional debe aprobar el cambio de uso, y en primera instancia lo rechazó.
«La mezquindad de un consejero»
Beteta atribuyó la suspensión del proyecto a «una mala interpretación, por una mezquindad de un consejero regional que se ha opuesto». No dijo su nombre. «Las diferencias que pueda tener con el gobernador no mezcle (…) con la necesidad que tiene Huánuco», le pidió.
El problema, sin embargo, no se reduce a un voto. El Ministerio de Vivienda tuvo que emitir una opinión técnica: de casi diez hectáreas, menos de dos conservan condición de humedal y unas 6,5 se destinarían a la planta. El gerente regional Ronald Acuña sostuvo que el proyecto no está cancelado, sino desactivado hasta que se resuelva el terreno. Y el alcalde Antonio Jara llegó a responsabilizar al gobernador Antonio Pulgar por la paralización.
Seda: «No avalo a nadie»
Sobre Seda Huánuco, Beteta recordó que el OTASS la intervino en 2020 por la mala administración anterior. Admitió que la recaudación mejoró, pero que «en los servicios no se han visto reflejados». Dijo que pidió al presidente del OTASS evaluar la permanencia de los gerentes, que a su juicio «vienen del gobierno anterior». «Yo no avalo a nadie, ni tampoco pongo las manos al fuego», afirmó.
La diputada recorrió la semana pasada con el presidente del OTASS, Carlos Yáñez, la planta de Cabrito Pampa y el tramo dañado de Pucuchinche. Atribuyó parte del deterioro del canal a viviendas construidas sin respetar la distancia mínima y a conexiones clandestinas. También cuestionó que los alcaldes otorguen licencias en zonas de riesgo y que la Fiscalía archive las denuncias.
Beteta afirmó que el Gobierno Regional conduce, por obras por impuestos, un nuevo canal de más de 100 millones de soles que irá enterrado. Ese proyecto, de 103 millones, figura como «desactivado permanente» en el MEF y no registra gasto.
Sobre el paro del 4 de noviembre, dijo que quienes lo convocan «están en su derecho», pero advirtió que «cuando en una lucha justa se mezcla lo político, se desnaturaliza».
Carreteras y terrenos
La diputada atribuyó a los propietarios de terrenos la paralización de las carreteras Huánuco–La Unión y Rancho–Panao. Sobre esta última dijo: «En el expediente (…) firmaron y aceptaron, y ahora que inician la obra, ya no les permiten». Los registros muestran un cuadro más amplio. En el tramo Huánuco–La Unión, la obra se detuvo por la falta de pago de las compensaciones a los dueños de predios. En Rancho–Panao, además de los reclamos por compensaciones, la obra enfrentó la falta de depósitos de material excedente.
El complejo cultural, a fojas cero
Beteta reconoció también que el Gran Complejo Cultural de Huánuco vuelve «a hoja cero», porque las autoridades no concluyeron el expediente técnico. La Ley 30632, de 2017, restituyó al Colegio Nacional Leoncio Prado los 7553 metros cuadrados que ocupaba el Club Central y los destinó a ese fin. La diputada dijo que el gobernador electo está dispuesto a impulsarlo, posiblemente por obras por impuestos.
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