Al menos cinco comités del asentamiento humano Aparicio Pomares acatarán el paro de 24 horas del miércoles 4 de noviembre contra Seda Huánuco. Así lo confirmó Josefa Usuliaga, dirigente del comité 7, quien sumó a la protesta otros reclamos del barrio: un anillo vial que no avanza, locales comunales sin título y familias que se quedan sin agua porque no pueden pagar el recibo.
La adhesión llega luego de que Diario Ahora informara que el Anillo Vial de Jactay, que atraviesa Aparicio Pomares, tenía como plazo de vencimiento el 24 de octubre y apenas 23,62 % de avance.
Con banderola propia
Usuliaga precisó que participarán, por ahora, los comités 2, 7, 13, 15 y 17, y que aún coordinan con otros. Los vecinos llevarán una banderola para identificarse. «No nos podemos quedar todo el tiempo conformistas (…) con las manos cruzadas», dijo. A su juicio, Aparicio Pomares «tiene que despertar» y reclamar sus derechos.
La dirigente describió casos de adultos mayores que viven solos en el comité 7, en Loma Blanca, y que no alcanzan a pagar la tarifa. «Ellos se quedan sin servicio, lo cortan», relató.
Un anillo vial a medias
Sobre el anillo vial, Usuliaga sostuvo que los trabajos empezaron en enero y que, pese a la maquinaria y a las demoliciones, el avance es mínimo. «Han abierto por todos los puntos, pero no ha habido un avance», afirmó. Cuestionó, además, que se construyan muros de contención en lugares donde, según ella, no son necesarios.
Para la dirigente, la principal traba no son los propietarios que se niegan a liberar sus terrenos, como se ha señalado, sino la falta de factibilidad de saneamiento de Seda Huánuco. Recordó que la obra anterior, ejecutada durante la gestión del exgobernador Juan Alvarado, se hizo sin coordinar con la empresa, y que las pruebas hidráulicas mostraron tuberías mal colocadas.
Esa versión coincide con lo que la propia empresa ha reconocido. Según informó Diario Ahora, Seda Huánuco afirmó que la obra se ejecutó sin factibilidad desde su origen. Más tarde, la empresa otorgó solo una factibilidad parcial, porque las redes de agua y desagüe instaladas entre 2020 y 2022 se hicieron sin supervisión.
La obra estuvo paralizada desde 2022. En diciembre de 2025, el Gobierno Regional contrató a un nuevo consorcio para el tramo pendiente, por 26,8 millones de soles.
Usuliaga contó también que el diputado Marco Antonio Flores visitó la zona entre julio y agosto para ubicar a los propietarios que no aceptarían la compensación, pero que no logró identificarlos. «Sería muy importante verificar, ver la realidad», insistió.
La dirigente añadió que el comedor popular, el templo católico y el local comunal de Aparicio Pomares funcionan en terrenos que aún no tienen título de propiedad.
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