El reclamo por los recibos de agua en Huánuco volvió a intensificarse con el pedido de Alfredo Quispe para que OTASS se retire de SEDA Huánuco y la administración regrese a las municipalidades. El dirigente afirmó que la intervención iniciada en 2020 no ha resuelto los problemas de conducción, tratamiento ni facturación que afectan a los usuarios de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.
Quispe señaló que una comisión viajó a Lima para tratar con OTASS temas relacionados con los recibos elevados, la planta de tratamiento, el canal de conducción y la evaluación de gerentes. Sin embargo, cuestionó no haber sido incluido en dicha comisión, a pesar de su participación en movilizaciones ciudadanas.
El dirigente también anunció que asistirá con vecinos a la reunión prevista para el 12 de junio. Indicó que llevará el reclamo de usuarios que reportan cobros de S/90, S/200, S/500 y hasta más, aunque estas cifras deberán ser contrastadas con documentación individual y con la rendición oficial de SEDA Huánuco.
Los medidores vuelven a ser el centro del conflicto.
Quispe atribuyó parte del problema a la compra e instalación de medidores. Mencionó a Boris Henry Nieves León, a quien identificó como exgerente comercial en 2023 y luego gerente general, y cuestionó que posteriormente haya integrado el directorio de OTASS. Sus afirmaciones requieren un descargo por parte de la entidad y del funcionario mencionado.
El dirigente sostuvo que OTASS no puede ser "juez y parte" en la evaluación del problema. También señaló que la empresa habría informado ingresos mensuales de S/5.2 millones, pero estimó que podrían ser mayores, cálculo que basó en el número aproximado de 55 mil usuarios y en recibos reportados por vecinos.
Quispe pidió que la administración regrese a las municipalidades y que se conforme un comité de vigilancia integrado por colegios profesionales, ciudadanía y otros actores. Además, recordó que se había anunciado una denuncia penal contra SEDA Huánuco, pero afirmó que hasta ahora no observa avances.
La reunión del 12 de junio podría marcar un nuevo pulso entre OTASS, autoridades y vecinos. El punto central será si la empresa logra explicar los cobros, los medidores, la situación del canal y el destino de los ingresos, o si el reclamo ciudadano gana fuerza hacia una solución política mayor.
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