El ciudadano Walter Ricardo Santa Cruz Ponce denunció la persistente inacción de la Fiscalía Provincial Penal de Ambo en el caso de violación de una menor de 15 años en el caserío de Urambiza. Según versiones del entorno familiar, el reciente resultado de la prueba de ADN dio positivo, identificando a uno de los hermanos denunciados como el padre del menor lactante. El hecho ocurre en medio de la sospechosa muerte de Sergio, padre de la víctima, quien falleció repentinamente tras recibir constantes amenazas para retirar la denuncia.
Santa Cruz Ponce, padrino de la menor de iniciales Y.K.I.L. (14), cuestionó que el Ministerio Público no haya ordenado la prisión preventiva de los imputados en su debido momento. De acuerdo con el documento judicial visible en la Captura de pantalla 2026-06-29 a la(s) 23.09.46.jpg, el Juzgado Civil de Ambo, bajo la conducción de la jueza Sandra Cornelio Soria, se limitó a dictar medidas de protección e impedimento de acercamiento para Miguel Ángel Granizo Hidalgo.
El denunciante sostuvo que estas restricciones resultaron insuficientes para frenar el hostigamiento sistemático de los presuntos agresores en la alejada comunidad de Maraypata. Aseguró que la Fiscalía justificó la falta de medidas restrictivas severas bajo el argumento de que debían esperar el resultado oficial de la prueba de paternidad. La demora en este peritaje científico se prolongó por más de un año, dejando a la víctima y a sus familiares en un estado de desprotección absoluta.
La dilación del control de plazos y las sospechas en Urambiza
Ante la falta de avances, Santa Cruz Ponce dirigió el 29 de diciembre de 2025 la Carta N.º 001-WRSCP-2025 al fiscal superior de Huánuco, Jhon Martel Trujillo, solicitando un urgente control de plazos. Este documento, registrado en la Captura de pantalla 2026-06-29 a la(s) 23.08.00.jpg, detalla que las pruebas biológicas llevadas a un laboratorio de Lima demoraron meses de manera injustificada, lo que impidió la formalización de cargos penales más severos por parte de la fiscalía local.
El caso ha tomado un giro trágico tras el fallecimiento repentino del padre de la menor, identificado como Sergio, el pasado domingo 28 de junio de 2026. Según relató su padrino, el padre de familia gozaba de un óptimo estado de salud la noche previa a su deceso. La familia sospecha de una posible retaliación, dado que los presuntos implicados amenazaron reiteradamente con encarcelar a la progenitora, Luzmila Luna Rivera, bajo cargos de difamación si el ADN resultaba negativo.
La defensa legal de las víctimas fue asumida por un abogado privado ante la desconfianza generalizada en el desempeño del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Ambo. Santa Cruz Ponce indicó que los acusados siguen transitando con total libertad en el centro poblado de Urambiza, lo que representa un riesgo inminente para la seguridad física de la menor y de su madre, quienes carecen de resguardo policial en la zona.
Riesgo latente y demandas de justicia inmediata
Con la confirmación del resultado positivo del examen de ADN, la defensa familiar exige la inmediata variación de las comparecencias simples por mandatos de prisión preventiva efectiva. Los deudos señalaron que el retraso burocrático de las autoridades de Ambo no solo postergó el acceso a la justicia, sino que expuso a la familia a un hostigamiento que culminó en circunstancias aún no esclarecidas por el Ministerio Público.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de iniciar una investigación técnica e imparcial sobre la muerte de Sergio para determinar si existió participación de terceros. El esclarecimiento de este deceso y la celeridad para procesar penalmente a los presuntos violadores definirán si las instituciones de justicia pueden garantizar la vida de la madre y la menor, quienes continúan bajo amenaza directa en el centro poblado de Urambiza.
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