Acta de acuerdo aparece como última vía para frenar desalojo de Diresa

La última salida para evitar el desalojo de la Dirección Regional de Salud pasa por un documento. Según el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, si la Beneficencia acepta un acta de acuerdo o de alquiler antes del viernes 10 de julio, la Diresa podría presentarla ante el juzgado como una solución extrajudicial. El funcionario explicó que, al tratarse de un proceso civil, un acuerdo entre las partes permitiría acudir al juez y pedir la paralización de la diligencia. Esa vía depende de que la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco reconsidere el rechazo adoptado por su directorio y acepte una fórmula de permanencia temporal. Barrera señaló que tanto la Diresa como el Gobierno Regional ya presentaron documentos para pedir reconsideración. El plazo es estrecho: la diligencia está programada para el 10 de julio a las 9:30 de la mañana, por lo que cualquier acuerdo tendría que cerrarse antes de esa fecha y quedar formalizado. Una negociación contra el tiempo La propuesta económica planteada por la Diresa llegó a S/30 mil mensuales, después de una oferta inicial de S/20 mil. Según Barrera, el Gobierno Regional respaldaría ese pago. La Beneficencia, sin embargo, mantiene una controversia adicional por una deuda que atribuye desde 2019 y que, según el director regional, bordearía los S/4 millones. La Diresa sostiene que no puede reconocer esa deuda sin mandato judicial o sustento técnico legal. La posición de Barrera es que el alquiler actual se resuelva de inmediato y que la deuda sea evaluada por otra vía. Si la deuda se confirma, afirmó, el Gobierno Regional la asumiría o buscaría un fraccionamiento. El problema es que el desacuerdo económico convive con advertencias sanitarias. La Defensoría del Pueblo alertó al Primer Juzgado Civil sobre el riesgo de interrumpir vigilancia epidemiológica, supervisión sanitaria, cadena de frío y pruebas diagnósticas de enfermedades como tuberculosis, VIH/Sida, dengue, sífilis y hepatitis B. Barrera también informó que se reunió con los cuatro sindicatos de la Diresa y que los gremios no estarían dispuestos a retirarse del local. La institución alberga a casi 400 trabajadores, según el funcionario, lo que abre el riesgo de un conflicto el día de la diligencia si no se alcanza una salida previa. La posibilidad del acta coloca a la Beneficencia en el centro de la decisión inmediata. Un acuerdo no resolvería todo el conflicto patrimonial, pero podría evitar que una disputa legal termine afectando servicios sanitarios. Sin ese documento, el viernes 10 de julio quedará como fecha límite para medir hasta dónde llega la capacidad de reacción institucional en Huánuco.