El Ejecutivo peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha decidido acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la liberación inmediata del exdictador Alberto Fujimori, a pesar de las críticas anteriores de Boluarte hacia su régimen. Esta decisión ocurre dos años después de que Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia, condenara el gobierno de Fujimori (1990-2000) como corrupto y dictatorial.
Durante un debate técnico en 2021 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Boluarte criticó duramente a Fujimori, enfatizando las violaciones de derechos humanos y la corrupción de su gobierno. Sin embargo, fuentes citadas por Epicentro TV afirman que, tras una reunión con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el Ejecutivo ha decidido respetar la decisión del TC y proceder con la excarcelación de Fujimori, a pesar de la posición contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2022.
La resolución del TC se contrapone a las investigaciones y condenas por graves violaciones de derechos humanos y corrupción durante el régimen de Fujimori, incluyendo su asesor Vladimiro Montesinos, también preso. Este cambio de postura en el Ejecutivo marca un notable contraste con las declaraciones anteriores de Boluarte, quien enfatizó en el debate de 2021 la importancia de una “patria democrática” frente a la dictadura de Fujimori.
El caso también resalta una compleja interacción entre la política nacional y las obligaciones internacionales del Perú. El abogado Carlos Rivera, representante de los deudos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, señaló que este fallo pone al Estado peruano en una posición de rebeldía frente a las decisiones de la Corte IDH, constituyendo un quiebre negativo en la relación entre Perú y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
