La diputada Yenifer Paredes, sobrina del expresidente Pedro Castillo, celebró este viernes la entrega del salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez para viajar a México y aseguró que el hecho confirma que su tío fue víctima de una persecución política. La legisladora también dejó abierta la puerta a que el caso sea el primer paso hacia un eventual indulto presidencial para Castillo, quien permanece en prisión tras ser condenado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
Las declaraciones de Paredes se producen el mismo día en que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, rotas desde noviembre de 2025, luego de que el Gobierno de Keiko Fujimori otorgara el salvoconducto a Chávez. La exjefa del Gabinete Ministerial abandonó Lima a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que viajó expresamente a recogerla.
“Sí, lo confirma”
“Saludamos que se haya elaborado el salvoconducto. Pudo haberse dado hace mucho tiempo, pero bueno, lo respetamos”, dijo Paredes ante los periodistas. La legisladora defendió el asilo como un derecho y rechazó cualquier cuestionamiento al proceso judicial que siguió Chávez antes de refugiarse en la embajada mexicana en Lima: “Ella ha salido en libertad”, afirmó.
Para Paredes, la decisión del Ejecutivo de Fujimori va más allá de la diplomacia bilateral: es, a su juicio, una confirmación de que Pedro Castillo fue objeto de una persecución política desde el inicio de su mandato. “Nosotros no dudamos de que ha sido una persecución política y desde el Congreso, cuando no se llegó a los votos, se supo que esto empezó mal el proceso”, sostuvo la diputada. Ante la pregunta directa de si el salvoconducto lo confirma, respondió sin rodeos: “Sí, lo confirma”.
Consultada sobre si el salvoconducto representa un gesto de reconciliación nacional por parte del nuevo Gobierno, Paredes respondió con cautela pero sin descartar esa lectura. “Sentimos que inicia bien”, dijo al ser interrogada sobre el discurso de Fujimori, quien prometió priorizar la reconciliación del país. “Nosotros saludamos las buenas iniciativas”, agregó la legisladora, “en beneficio de todos los peruanos”.
El indulto, en suspenso
La posibilidad de un indulto presidencial para Castillo sobrevoló toda la conversación con Paredes, aunque la diputada evitó comprometerse con una respuesta definitiva. Ante la pregunta de si el salvoconducto a Chávez es el primer paso para consolidar esa gracia presidencial, respondió: “Se evaluará en su momento, se evaluará en su momento”. La fórmula se repitió cada vez que los periodistas intentaron obtener una confirmación.
La legisladora tampoco pudo descartar que el tema del indulto esté sobre la mesa. “El pedido está”, admitió al ser presionada, aunque insistió en que cualquier decisión será tomada de manera colectiva por la bancada. El Poder Judicial tiene programada para el 12 de agosto una audiencia en la que evaluará el pedido de Castillo para que se anule su condena y sea excarcelado, lo que añade urgencia política al debate.
Facultades legislativas en la balanza
Paredes también fue consultada sobre si el gesto del Ejecutivo podría influir en la posición de su bancada respecto a las facultades legislativas que el Gobierno enviará al Congreso la próxima semana. La diputada no cerró esa puerta. “Se evaluará. No tenemos todavía sobre qué vamos a discutir si las facultades no las tenemos listas”, señaló, una respuesta que deja margen para la negociación política entre el Ejecutivo y los aliados parlamentarios del castillismo.
La pregunta sobre las facultades refleja el contexto más amplio en el que se inscribe el salvoconducto: el nuevo Gobierno de Fujimori busca construir mayorías en un Congreso fragmentado, y la bancada afín a Castillo representa un bloque que puede inclinar la balanza en votaciones clave. Si el otorgamiento del documento de viaje a Chávez fue o no un gesto calculado en esa dirección, Paredes no lo confirmó ni lo descartó.
El antecedente: la condena de Chávez
Betssy Chávez se refugió en la embajada mexicana en Lima el 3 de noviembre de 2025, fecha en que México le otorgó asilo diplomático. Esa decisión llevó al entonces Gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México. Semanas después, el 27 de noviembre, el Poder Judicial la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión, por su participación en el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
La Cancillería peruana aclaró que la entrega del salvoconducto no implica reconocer a Chávez como perseguida política ni renunciar a futuras acciones judiciales. El comunicado oficial señaló que el permiso se otorga “con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición” de la exfuncionaria, de acuerdo con los tratados vigentes entre ambos países. Sheinbaum, por su parte, calificó la decisión de Fujimori como una acción de “buena voluntad” hacia México.
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