La intervención será excepcional y temporal en establecimientos bajo emergencia, en coordinación con la Policía y el INPE.
El Ejecutivo publicó este domingo 8 de noviembre el Decreto Legislativo 1742, que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de emergencia. La intervención deberá coordinarse con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La disposición recibió el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y establece un marco para reforzar la vigilancia del perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos críticos de los recintos. La seguridad interna permanece bajo responsabilidad del INPE.
El personal militar podrá establecer anillos de protección, realizar patrullajes y labores de inteligencia, vigilar desde torreones y apoyar la revisión del ingreso de visitantes, proveedores y trabajadores penitenciarios, conforme a las competencias legales correspondientes.
También se contempla detectar e interceptar drones no autorizados, operar inhibidores de señales y apoyar el desmontaje de equipos de telecomunicaciones clandestinos. El uso de la fuerza deberá sujetarse a la normativa vigente.
La aprobación forma parte de un paquete de tres decretos legislativos debatidos por el Gabinete. Los otros dos abordan la legítima defensa y el uso de datos de telecomunicaciones para identificar, localizar y geolocalizar equipos de comunicación, con fines de investigación criminal.
Estas disposiciones se enmarcan en las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo.
Previamente, el Gobierno prorrogó por sesenta días, desde el 5 de noviembre, la emergencia en Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. Ese régimen comprende sus alrededores hasta doscientos metros y mantiene apoyo militar.
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