El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reafirmó la disposición del Poder Ejecutivo a alcanzar consensos en torno al pedido de delegación de facultades legislativas y advirtió que una negativa total a la solicitud dificultaría las acciones orientadas a combatir la criminalidad.
Según la extracción factual, el jefe del gabinete ministerial señaló que resulta equivocado vincular esta solicitud únicamente a situaciones de emergencia, pues se trata de una herramienta que los gobiernos emplean al inicio de cada gestión para implementar reformas y atender prioridades nacionales, como la modernización del Estado.
“Los peruanos ya han visto lo que ocurre cuando sus autoridades no dialogan. Nosotros seguiremos apostando por los acuerdos. Si se aprueba el 100% o el 90 % de las facultades, será parte del debate democrático. Saludo a las bancadas que, pese a las diferencias, buscan puntos de coincidencia”, resaltó el jefe del gabinete ministerial.
En esa línea, consideró poco probable un rechazo total a la solicitud debido a que ello limitaría los esfuerzos orientados a combatir la delincuencia, enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y promover una gestión pública más eficiente.
Compromisos del Ejecutivo y respaldo a ministros
No obstante, remarcó que el Gobierno cumplirá los compromisos asumidos con la ciudadanía independientemente del resultado de la votación. Añadió que la delegación de facultades permitirá acelerar la ejecución de diversas iniciativas prioritarias.
Galarreta precisó además que la propuesta contempla medidas vinculadas a la modernización del Estado, un aspecto urgente por su impacto directo en la prestación de servicios públicos y en la atención de las necesidades de la población más vulnerable que, por ejemplo, espera la provisión de agua desde hace 20 años.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que todos los funcionarios públicos son evaluados de manera permanente en función de su desempeño; sin embargo, descartó cambios de ministros en este momento.
“Hasta el día de hoy, salvo que exista una situación de salud que impida continuar en el cargo, todos los ministros cuentan con el respaldo de la presidenta y el mío”, afirmó.
Asimismo, remarcó la coordinación entre la presidenta, Keiko Fujimori; el titular del Senado, Miguel Torres, y su despacho para impulsar las principales políticas públicas del Gobierno. “Coincidimos al 100% en los objetivos que buscamos alcanzar para mejorar la calidad de vida de los peruanos”, dijo.
Las ocho materias y las 66 solicitudes del proyecto
De acuerdo con la agencia Andina, la Presidencia del Consejo de Ministros presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas por 120 días, conforme al artículo 107 de la Constitución Política. El texto contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar ocho materias: seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, reforma y modernización del Estado, y vivienda y saneamiento.
En materia de seguridad ciudadana, el inciso a) del artículo 2 del proyecto precisa 12 puntos en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, orden interno, penitenciaria y migratoria. Entre ellos figuran:
- Legislar en materia migratoria y de nacionalidad sobre el régimen de control y regularidad migratoria, así como el régimen de nacionalización, con la finalidad de promover “una migración ordenada, segura, regular”.
- Modificar el marco normativo en materia de rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles utilizados ilícitamente, al igual que las comunicaciones ilegales establecidas desde los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
- Modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, “a fin de fortalecer su control, trazabilidad, fiscalización y las condiciones para su acceso, adquisición, posesión y uso”.
- Reformar el sistema nacional penitenciario, “con la finalidad de fortalecer la seguridad y la reinserción social”.
- Regular la “participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas” en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios.
- Legislar en materia de intervenciones “de reinserción social juvenil y postegreso”, a fin de fortalecer los procesos de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos “la libertad vigilada pospenitenciaria”, así como la “creación de su respectivo registro”, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva.
- Combatir la delincuencia, la criminalidad organizada y los mercados ilícitos, a través de medidas dirigidas a “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos”, así como en lo concerniente al “tratamiento penitenciario y asistencia pospenitenciaria”.
El proyecto incluye la modificación del Decreto Legislativo 635, Código Penal, y del Decreto Legislativo 957, Nuevo Código Procesal Penal; del Decreto Legislativo 654, Código de Ejecución Penal; del Decreto Legislativo 1094, Código Penal Militar Policial; de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías, así como del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, y del Decreto Legislativo 1735. También alcanza al Decreto Legislativo 1182, al Decreto Legislativo 1338, a la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y a la Ley 30424 y la Ley 32332.
Además, se propone legislar sobre el “uso de armas no letales y equipamiento de protección especial y medidas complementarias para el personal que desarrolla labores de vigilancia, control y monitoreo” de las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y modificar el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, a fin de “fortalecer y optimizar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú”.
El trámite en el Congreso y la decisión final del Senado
Según el expresidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola Hani, el Senado tomará la decisión final sobre la delegación de facultades. En entrevista con la agencia Andina, el constitucionalista señaló que el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados constituyen “trámites previos”, ya que es el pleno del Senado el que finalmente tomará la decisión sobre esta solicitud.
“Lo que va a ir al Senado será lo que apruebe el pleno de la Cámara de Diputados. Los trámites en las comisiones (de la Cámara Baja) son trámites previos”, indicó.
Urviola añadió que el Senado, por su carácter reflexivo y por tener miembros con una formación más experimentada, puede enmendar lo que resuelva la Cámara de Diputados. Refirió también que los debates en las comisiones de cualquiera de las cámaras podrían omitirse cuando se trata de proyectos con carácter de urgente, como son los que vienen del Ejecutivo.
“El dictamen de comisión, si bien es cierto es un requisito que se debe cumplir en el proceso legislativo, cuando se trata de proyectos con carácter de urgente, como son los que vienen del Ejecutivo como es este caso, puede incluso exonerarse como hemos visto en el Congreso unicameral con frecuencia”, señaló.
Sostuvo, asimismo, que también puede haber un dictamen en minoría en las comisiones, ya que es el pleno de la Cámara de Diputados, en primera instancia, y el pleno del Senado, en última instancia, el que decidirá en definitiva respecto al pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo.
Urviola refirió que si la Cámara de Diputados considera que la situación de Perú, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, es algo que se debe afrontar de manera urgente, debería dar las facultades para legislar. Remarcó que se necesitan, de manera apremiante, medidas para facilitar que muchas propuestas presentadas por el Ejecutivo se implementen para combatir la inseguridad ciudadana, además de otros temas urgentes para el manejo del país.
El extitular del máximo organismo intérprete de la Constitución recordó que el Congreso también podrá revisar, modificar o derogar los decretos legislativos que el Ejecutivo emitirá al amparo de las facultades que solicita, y que el Parlamento ejercerá su facultad de control sobre dichos decretos, de modo que la demora en otorgar estas facultades obedecería, según dijo, a criterios eminentemente políticos.
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