La presidenta Dina Boluarte enfrenta una grave acusación constitucional por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, presentada el pasado viernes ante el Congreso por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Este anuncio se realizó tras la divulgación de informaciones que la vinculan a la recepción de regalos lujosos a cambio de beneficios presupuestarios para la región de Ayacucho.
La Comisión Permanente del Congreso deberá evaluar la acusación para determinar si procede formalmente, lo que podría derivar en la creación de una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que investigará los hechos y emitirá un informe relevante. De ser admitida, la acusación podría llevar a la suspensión o destitución de Boluarte, además de un juicio político.
Según documentos proporcionados por el fiscal Villena, Boluarte recibió tres relojes Rolex y una pulsera Bangle con brillantes, valorados en aproximadamente $32,000, como contraprestación por emitir decretos que beneficiaban a Ayacucho con aumentos presupuestarios. De las 144 solicitudes de presupuesto adicional presentadas por el Gobierno Regional de Ayacucho entre 2022 y 2024, 45 fueron aprobadas, siendo ocho durante la gestión de Boluarte.
Este caso, denominado ‘Rolexgate’, ha llevado a la mandataria a devolver los artículos y a mantener un silencio mediático. Además, el Congreso ha rechazado hasta ahora siete mociones de vacancia presidencial en menos de dos años, a pesar de las evidencias presentadas.
Por otro lado, la presidenta enfrenta otra potencial denuncia por ausentarse del cargo durante 12 días por razones médicas, sin dejar evidencia clara de su actividad oficial, según la congresista Ruth Luque. La situación política en Perú continúa tensa, mientras Boluarte y su equipo legal se preparan para enfrentar estas acusaciones en un contexto de creciente inestabilidad y descontento público.
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