Este viernes, familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos emitieron un pronunciamiento fuertemente crítico hacia la actuación del Estado peruano en relación con la liberación de Alberto Fujimori. El comunicado señala que la decisión del Tribunal Constitucional ha obstaculizado gravemente el acceso a la justicia para los afectados.
En el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato presidencial. Los familiares de las víctimas argumentan que, a lo largo de los años, han luchado incansablemente por la verdad y la justicia, y que las recientes acciones del gobierno representan un desacato a las directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH ha calificado de "grave" este desacato, acusando al Perú de fallar repetidamente en cumplir con sus obligaciones internacionales al restaurar los efectos del indulto a Fujimori. Los familiares y las organizaciones sociales firmantes del documento exhortan al Estado a cumplir con las disposiciones de la CIDH de manera oportuna, enfatizando la obligación de proteger los derechos de los afectados en estos casos emblemáticos.
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