El Pleno del Congreso de la República no logró aprobar la inhabilitación del expresidente Francisco Sagasti para ejercer cargos públicos. Con 61 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, la moción quedó desestimada al no alcanzar los 66 votos requeridos. La iniciativa buscaba sancionar al exmandatario por su decisión de pasar al retiro a varios altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020, en el marco de la crisis política que sucedió a la renuncia de Manuel Merino.
La acusación fue impulsada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), y avalada por la Comisión Permanente. A pesar del respaldo parlamentario, la votación final en el Hemiciclo impidió la sanción. Esta decisión mantiene habilitado a Sagasti para postular a cargos públicos, incluyendo la presidencia en 2026, aunque el propio exmandatario ha descartado regresar a la política, citando motivos personales y su edad.
En una carta pública, Sagasti reafirmó la legalidad de sus acciones: “En ningún momento mi actuación como Presidente de la República ha estado fuera del marco legal o constitucional (...) jamás he incurrido en una afectación a la institución policial”, señaló.
Durante su defensa ante la Comisión Permanente, sus abogados José Ugaz y Carlos Rivera argumentaron que la decisión se tomó conforme a ley, considerando investigaciones internas contra algunos de los oficiales retirados.
La votación reflejó divisiones partidarias. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y otros bloques sumaron los 61 votos a favor. Sin embargo, agrupaciones como Cambio Democrático y la Bancada Socialista se opusieron o se abstuvieron, impidiendo que se alcanzara la mayoría calificada.
Con esta resolución, Francisco Sagasti queda libre de sanción política, aunque persisten voces críticas que cuestionan su decisión en la coyuntura de 2020.
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