A pocos días de la juramentación del nuevo gabinete liderado por Luis Arroyo Sánchez, una revisión de las declaraciones juradas de los ministros revela un dato clave: al menos 10 de los 18 integrantes del Ejecutivo cuentan con investigaciones fiscales en trámite por presuntos delitos como negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad y lavado de activos. La información, consignada oficialmente por los propios funcionarios, introduce un elemento de tensión en la conformación del equipo de gobierno en un contexto político ya marcado por la inestabilidad.
El análisis evidencia además que varios ministros no solo enfrentan indagaciones actuales, sino que también registran antecedentes de denuncias, en su mayoría archivadas, así como procesos administrativos disciplinarios. En contraste, otros integrantes del gabinete reportaron no tener investigaciones vigentes, aunque sí antecedentes en el pasado.
Entre los casos más relevantes figura el del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien declaró una investigación en trámite por negociación incompatible. Asimismo, consignó tres indagaciones previas por temas ambientales y múltiples procesos administrativos, todos archivados. En una línea similar, el titular de Justicia, Luis Jiménez Porras, registra tres investigaciones vigentes por negociación incompatible y colusión agravada, además de antecedentes archivados por delitos similares.
Delitos recurrentes
La revisión de las hojas de vida oficiales muestra patrones comunes en las investigaciones. El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, enfrenta dos procesos en curso por presuntos delitos como fraude procesal, abuso de autoridad y omisión de denuncia, además de antecedentes archivados. Por su parte, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, reporta una investigación por lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
Otros casos incluyen al titular de Transportes, Aldo Prieto Barrera, investigado por abuso de autoridad; y al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, quien registra indagaciones por usurpación agravada y negociación incompatible, aunque ha señalado que estas denuncias corresponden a hechos anteriores que, según su versión, serían archivados.
En el sector Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi enfrenta investigaciones por peculado y corrupción de funcionarios, mientras que la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, reporta una denuncia en trámite por omisión de actos funcionales, además de múltiples investigaciones previas ya archivadas.
Este conjunto de casos refleja una constante: la presencia de investigaciones vinculadas principalmente a delitos contra la administración pública, lo que coloca bajo escrutinio la idoneidad del gabinete en funciones.
Falta de precisión
Un aspecto relevante en la revisión es la falta de detalle en algunos casos. Los ministros de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y del Interior, José Mercedes Zapata, confirmaron que cuentan con investigaciones en curso, pero no especificaron los expedientes ni las carpetas fiscales, indicando que proporcionarían esa información posteriormente.
En paralelo, otros ministros no registran procesos vigentes, pero sí un historial de investigaciones archivadas. Es el caso del titular de Desarrollo Agrario, Felipe Meza Millán, quien tuvo tres denuncias en el pasado; y del ministro de Producción, César Quispe Luján, quien acumuló hasta 11 investigaciones archivadas por diversos delitos, aunque mantiene un proceso administrativo en trámite relacionado con normativa electoral.
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