La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huánuco logró que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra Mery Calero, Frans Tafur y Jovana Pariachi, investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano. La medida fue adoptada tras la sustentación del Ministerio Público, que expuso diversos elementos de convicción para vincular a los implicados con estas actividades ilícitas.
Investigación basada en interceptaciones y operativos
Según informó la Fiscalía, los investigados habrían integrado una organización dedicada al favorecimiento del consumo ilegal de estupefacientes mediante acciones de acopio, procesamiento, transporte y comercialización de droga. Entre los principales elementos presentados figuran comunicaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial, las cuales —de acuerdo con la tesis fiscal— evidenciarían coordinaciones directas entre los implicados para la ejecución de estas actividades.
Las investigaciones abarcan hechos ocurridos entre los años 2025 y 2026, periodo durante el cual se realizaron diversos operativos policiales que permitieron la incautación de cantidades significativas de alcaloide de cocaína. A partir de estas intervenciones, sumadas al análisis de las comunicaciones, las autoridades lograron identificar la presunta participación de los investigados en el procesamiento de pasta básica de cocaína, así como en su traslado y posterior distribución.
Zona de operación y alcance del caso
De acuerdo con la información fiscal, las acciones ilícitas se habrían desarrollado principalmente en el distrito de José Crespo y Castillo, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Esta zona, según reportes previos de las autoridades, ha sido identificada como un punto estratégico para actividades vinculadas al narcotráfico, debido a su cercanía con rutas utilizadas para el traslado de droga.
Un poblador de la zona, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló que “estos casos generan preocupación porque afectan la seguridad y la tranquilidad de las familias”. Añadió que la presencia de operativos policiales se ha intensificado en los últimos meses.
Medida busca asegurar proceso penal
El Ministerio Público indicó que la solicitud de prisión preventiva respondió a la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal, así como evitar posibles actos de obstaculización de la investigación. El Poder Judicial, tras evaluar los argumentos fiscales, consideró que existen suficientes indicios para dictar la medida coercitiva.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre otros posibles implicados en el caso. Tampoco se ha informado si la investigación podría ampliarse a nuevas líneas o personas vinculadas. Mientras tanto, las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades conforme a ley.
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