La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco logró sentencia contra Moisés Sandoval, investigado por el presunto delito de peculado de uso en agravio del Estado y de la Micro Red de Salud de Churubamba. El caso fue resuelto mediante terminación anticipada, luego de que el imputado aceptara los cargos atribuidos por el Ministerio Público.
Los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2026, en el distrito de Acomayo, provincia de Huánuco. Según la acusación fiscal, efectivos de la Policía Nacional intervinieron a Sandoval al interior de un bar ubicado en el jirón Daniel Alomía Robles, donde presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas durante su horario de trabajo.
De acuerdo con la Fiscalía, el investigado habría utilizado una motocicleta perteneciente a la Micro Red de Salud de Churubamba para fines ajenos a sus funciones. La unidad institucional, según la documentación presentada en audiencia, estaba asignada al servidor para el cumplimiento de labores oficiales.
Fiscalía sustentó pruebas en audiencia
La fiscal adjunta provincial Isabel Fernández Aquino, representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, presentó ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca diversos elementos de convicción para sustentar el caso.
Entre las pruebas expuestas figuraron el acta de intervención policial, declaraciones testimoniales y documentación laboral vinculada a la asignación de la motocicleta institucional. Según el Ministerio Público, estos elementos permitieron acreditar que el investigado tenía bajo su responsabilidad el vehículo del Estado.
Durante la audiencia, Moisés Sandoval aceptó los cargos y se acogió a la terminación anticipada del proceso. Tras evaluar el requerimiento fiscal, el juzgado declaró fundado el proceso inmediato y aprobó el acuerdo planteado por las partes.
Como resultado, el Poder Judicial impuso al sentenciado un año y ocho meses de prisión suspendida. Además, dispuso cuatro años y dos meses de inhabilitación para ejercer función pública, sanción que le impedirá ocupar cargos en entidades estatales durante ese periodo.
El juzgado también ordenó el pago de 150 días multa, equivalentes a S/ 2,100, además de la reparación civil correspondiente. El caso vuelve a poner bajo observación el uso de bienes públicos asignados a servidores estatales y las consecuencias penales cuando son empleados para fines particulares.
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