Nueve meses de prisión preventiva fueron dictados contra Marco Meramendi, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, luego de que la Fiscalía sostuviera que habría solicitado S/ 11 000 a un empresario de espectáculos de Lima para favorecerlo con contrataciones vinculadas al 486° aniversario de Huánuco.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, Primer Despacho, el investigado habría invocado influencias simuladas ante el alcalde provincial Antonio Jara, conocido como “Toño Jara”, para ofrecer la contratación de grupos musicales y equipos de sonido destinados a la serenata y al día central de la ciudad.
El caso, según informó el Ministerio Público, se remonta a agosto de 2025, cuando Meramendi habría ofrecido gestionar el beneficio contractual a cambio del pago de S/ 11 000. La medida judicial fue obtenida el 4 de mayo de 2026, tras la sustentación fiscal realizada durante la audiencia correspondiente.
Fiscalía presentó testimonios y pruebas
Durante la audiencia, los fiscales adjuntos provinciales Henry Palomino Polino y Luz Mercedes Sánchez Figueroa sustentaron el requerimiento de prisión preventiva sobre la base de graves y fundados elementos de convicción recopilados después de la detención del investigado.
Según el Ministerio Público, entre los elementos presentados figuran testimonios y pruebas que acreditarían la solicitud del dinero y el ofrecimiento del presunto beneficio contractual. La Fiscalía señaló que estos indicios permitieron respaldar la necesidad de imponer una medida coercitiva mientras continúa el proceso penal.
El despacho fiscal informó, además, que el procesado registra antecedentes penales por los delitos de estafa y contra la fe pública. Ese dato fue expuesto durante la audiencia como parte de los argumentos para sostener el riesgo procesal atribuido al investigado.
Otra denuncia bajo modalidad similar
La Fiscalía también indicó que, al momento de su captura, Meramendi fue denunciado por otra empresaria bajo una presunta modalidad similar. Para el Ministerio Público, este nuevo hecho reforzó la necesidad de asegurar la presencia del investigado durante las diligencias y evitar posibles interferencias en el proceso.
El caso queda ahora en etapa de investigación preparatoria, con un plazo de nueve meses para que la Fiscalía profundice las diligencias, recabe nuevas declaraciones y determine si existieron otras personas involucradas en el presunto uso del nombre de una autoridad para obtener beneficios económicos ilegales.
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