El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Solano Palomino Fernández, Alex Jonathan Quispe Asencio, Óscar Donato Cconislla Ollachica y Ángel Fortunato Soncco Llaique, investigados por la presunta comisión del delito de minería ilegal agravada en Chumbivilcas, en agravio del Estado.
La medida, dictada por el juez José Luis Cáceres Pizarro, vencerá el 7 de junio de 2027. De acuerdo con la resolución, la decisión considera la gravedad de los hechos investigados, el presunto daño ambiental y los riesgos procesales de fuga u obstaculización de la justicia.
Los cuatro investigados fueron detenidos durante el operativo ejecutado la semana pasada en el sector Choccoyo, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas. La intervención, realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público con apoyo de la Autoridad Local del Agua, permitió identificar tres campamentos vinculados presuntamente a actividades de minería ilegal.
El operativo y los detenidos en flagrancia
En el operativo fueron intervenidos 17 adultos y un adolescente de 16 años. De los adultos, 11 fueron detenidos en flagrancia y siete quedaron en calidad de intervenidos. Las autoridades encontraron siete unidades de maquinaria pesada, seis motocicletas, tres motobombas, cuatro estructuras de lavado de mineral y tres campamentos mineros.
La intervención también permitió constatar trabajos de extracción a cielo abierto, remoción de material mineralizado y alteración de cauces próximos al río Ccasccamayo. Según el reporte de la operación, parte de los efluentes y materiales removidos representaban un riesgo de contaminación para el curso de agua.
Por disposición del Ministerio Público, tres máquinas pesadas, entre ellas un cargador frontal, una retroexcavadora y una excavadora, fueron destruidas o inutilizadas debido a la imposibilidad de trasladarlas. También fueron inutilizadas cinco motocicletas, tres motobombas, dos estructuras de lavado y dos campamentos. Otros cuatro cargadores frontales Volvo y una motocicleta fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.
De acuerdo con una de las versiones del caso, el operativo fue denominado «Los Depredadores de la Zona» y contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Policía. La intervención alcanzó a 19 personas; algunas recuperaron su libertad tras identificarse como trabajadores y brindar información sobre quienes presuntamente estarían vinculados con la administración o dirección de las operaciones. Siete permanecieron detenidas y puestas a disposición del Poder Judicial, y finalmente cuatro recibieron prisión preventiva.
La investigación por daño ambiental
Los hechos materia de investigación ocurrieron en el sector denominado «S1», a orillas del riachuelo Choccoyo, en la comunidad de Huayllani-Choccoyo, distrito de Colquemarca. De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados habrían utilizado excavadoras y cargadores frontales para extraer oro sin contar con las autorizaciones ni registros oficiales correspondientes.
Las labores extractivas habrían alterado y desviado el cauce natural del agua y generado residuos que terminaron afectando el río Ccasccamayo. La Fiscalía investiga estos hechos como presunta minería ilegal agravada, conforme a los artículos 307-A y 307-B del Código Penal.
La situación de los otros implicados
El caso también alcanza a otros tres investigados. El juzgado dispuso comparecencia con restricciones y reglas de estricta conducta para Juan Carlos Cruz Huaycani e Irene Cruz Soto, bajo el apercibimiento de revocar la medida y dictar su internamiento preventivo en caso de incumplimiento. Asimismo, Rolando Cruz Mamani quedó con comparecencia simple y fue ordenada su inmediata excarcelación.
Qué implica la medida y cuál es la situación del proceso
La prisión preventiva no determina responsabilidad penal. Los cuatro investigados estarán en calidad de procesados mientras la Fiscalía continúa con las diligencias destinadas a establecer su eventual responsabilidad en las actividades extractivas y en el daño ambiental atribuido a estas operaciones.
El debate por el Reinfo
El operativo de interdicción en la zona de Choccoyo, según la cobertura de Radio Marañón, puso en evidencia que la minería ilegal crece en todo el país y reavivó el debate sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vence el 31 de diciembre próximo. Medios y especialistas señalan que existiría un acuerdo implícito entre el Congreso y el Ejecutivo para ampliarlo por lo menos un año más, a la espera de la nueva Ley MAPE. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó una nueva prórroga.
La congresista Ruth Luque Ibarra rechazó esa posibilidad. «Así que esa posible ampliación del Reinfo debe ser rechazada», señaló, tras advertir que ampliarlo sería condenar a pueblos y líderes indígenas que hoy viven en alto riesgo criminal y de contaminación ambiental.
«Pero ya vamos más de 24 años de un proceso de formalización. Si no han logrado avanzar o concretarlo en los últimos diez años, menos van a poder hacerlo en un año. Siguen utilizando este mecanismo para la impunidad, porque un minero con Reinfo no puede ser procesado por el delito de minería ilegal y puede seguir lavando oro de origen ilegal», señaló César Ipenza, especialista del Observatorio de Minería Ilegal (OMI).
En la misma línea, el analista en temas mineros Iván Arenas sostuvo que antes de hablar de una ampliación se debe hablar de depuración. «Hay 27 mil mineros con Reinfo. Debemos depurarlo y luego hablar de ampliación, pero una ampliación como la que quieren los mineros informales ya no es viable», dijo. «Si sucede eso, el Gobierno sería cómplice de la ilegalidad minera. Todos sabemos que el Reinfo se utiliza para lavar producción ilegal», agregó.
Quienes impulsan la extensión del registro argumentan, en cambio, que los mineros no han logrado formalizarse y que el Reinfo debe continuar. El caso de Chumbivilcas se enmarca en esa discusión nacional sobre cómo enfrentar la extracción ilegal y sus efectos ambientales.
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