Los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse siguen encontrando una barrera para bancarizar sus ingresos: la falta de trazabilidad del oro. Así lo plantea Dante Vera, especialista de V&C Analistas, quien sostiene que la dificultad de acceso al sistema financiero no se explica solo por el temor a robos y asaltos, como suele afirmarse, sino por la imposibilidad de demostrar el origen lícito del mineral y del dinero.
Vera señala que se ha “metido en el mismo saco” a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que busca formalizarse. Esa percepción, afirma, no cambiará solo con un nuevo discurso: se necesitan mecanismos que permitan demostrar de dónde proviene el oro.
Un estudio del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible sobre financiamiento y acceso de la pequeña minería a la banca formal concluyó que las entidades financieras requieren garantías para comprobar que tanto el dinero como el mineral que manejan tienen origen lícito. Para Vera, una de esas garantías es la trazabilidad.
Qué debería registrar el sistema
La propuesta consiste en crear un sistema nacional, digital e interoperable que permita seguir el recorrido del mineral desde que sale del socavón hasta que llega al mercado internacional. No se limitaría al minero que extrae el oro: también tendría que registrar a los acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras.
“Todos tienen que garantizar qué oro están manejando”, sostiene Vera.
Un sistema de este tipo permitiría saber dónde se produjo el mineral, quién lo compró, quién lo transportó, quién lo procesó y quién finalmente lo exportó. Para el especialista, esa información ayudaría a resolver una de las principales razones por las que los pequeños mineros tienen dificultades para acceder al sistema financiero: un banco no puede asumir el riesgo de operar con dinero cuyo origen no puede verificar.
La propuesta también contempla la instalación de laboratorios que determinen el peso, la ley y la humedad del material que sale del socavón. Con esos datos se podría establecer el valor del mineral desde el primer eslabón de la cadena y, al mismo tiempo, reducir los espacios para abusos de compradores y acopiadores contra los pequeños mineros.
La brecha entre producción y exportación
El problema adquiere mayor dimensión por la diferencia entre el oro registrado como producción y el que aparece en los registros de exportación. En 2025, según el Ministerio de Energía y Minas, se registraron unas 109 toneladas de producción, mientras que la Aduana contabilizó exportaciones por 209 toneladas.
“¿Quién ha producido esas 100 toneladas? ¿Quién las ha transportado, quién las ha comercializado, quién las ha procesado y quién las ha exportado?”, preguntó Vera.
La diferencia representa, según el especialista, unos US$ 11 mil millones en 2025. “Es demasiada plata que entra sin saber su origen”, afirmó.
Bancarizar las operaciones y cerrar espacios al contrabando
Para Vera, la trazabilidad debería convertirse en política pública. El Estado tendría que utilizar herramientas digitales y sistemas de identificación que permitan registrar el recorrido del mineral desde su extracción. La trazabilidad tendría que ir acompañada de la bancarización de las operaciones vinculadas a la producción de oro: la contratación de trabajadores, la compra de maquinaria, explosivos y otros insumos, así como los pagos por productos y servicios, deberían quedar registrados en el sistema financiero.
Según Vera, esto también permitiría cerrar espacios al contrabando de insumos químicos fiscalizados y del mercurio que ingresan ilegalmente al país. El especialista considera que el proceso debe alcanzar también a los trabajadores: la formalización, sostiene, no debería limitarse al mineral y al dinero, sino incluir derechos laborales, seguridad en el trabajo, acceso al seguro social y el pago de salarios mediante operaciones bancarias.
Estas medidas, plantea, deberían formar parte de una misma política para conocer y controlar toda la cadena del oro. Por eso considera que el debate no debería concentrarse únicamente en la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificó como un “fracaso” porque no permitió diferenciar adecuadamente entre minería ilegal y minería informal.
El debate de política pública en curso
La discusión sobre la trazabilidad del oro no es aislada. Según ComexPerú, en 2025 las exportaciones de oro alcanzaron 209 toneladas, un 91.7% más que la producción formal declarada, y el alza sostenida del precio internacional del oro parece haber incentivado el mercado paralelo. El organismo advirtió además que, sin avances en formalización minera, fortalecimiento de capacidades regionales y trazabilidad del oro, las economías ilegales tienden a reubicarse y recomponerse rápidamente.
En paralelo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que la propuesta de crear un banco estatal para adquirir oro de pequeños mineros y mineros artesanales podría facilitar el ingreso de oro de origen ilegal al mercado formal si no se garantiza plenamente la trazabilidad del mineral. Los especialistas consultados por el IPE señalaron que organismos como el Banco Central tienen funciones orientadas a la administración de reservas internacionales y no están diseñados para intervenir directamente en la comercialización de oro producido localmente.
El próximo paso: una nueva Ley MAPE
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una nueva propuesta de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), según anunció el ministro Guillermo Shinno en agosto de 2026. La iniciativa buscaría establecer un marco diferenciado para los pequeños mineros y mineros artesanales, así como una ruta para quienes avanzan en su proceso de formalización.
Shinno señaló que el Minem debe apoyar las acciones de las fuerzas del orden mediante información sobre los operadores formales y aquellos en proceso de formalización, y planteó fortalecer el control sobre las plantas procesadoras de oro, que se encuentran empadronadas. La propuesta deberá recoger los avances de los proyectos discutidos en el Congreso anterior, según indicó el titular del sector.
El desafío, sostiene Vera, es saber de dónde sale el oro, quién lo mueve y quién lo convierte en dinero. Sin esa trazabilidad, los pequeños mineros que buscan formalizarse seguirán teniendo dificultades para demostrar que sus ingresos tienen un origen legal y, por tanto, para ingresar plenamente al sistema financiero. Queda pendiente conocer el texto final de la nueva Ley MAPE y si incorpora mecanismos de trazabilidad en la cadena del oro.
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