Especialista plantea atacar insumos y financiamiento antes de quemar dragas

Quemar dragas puede tener impacto televisivo, pero en la contabilidad de la minería ilegal el efecto es mínimo: ese costo ya está presupuestado. Así lo plantea Carlos Casas Tragodara, director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad (CEEMS) de la Universidad del Pacífico, en un análisis sobre por qué la interdicción en el Perú empieza por el final.

Según su lectura, una actividad con esos márgenes internaliza la interdicción como cualquier empresa internaliza el seguro contra incendios: la operación se suspende unas semanas y vuelve, con maquinaria repuesta y la misma gente. Si la red opera en varias cuencas a la vez, ni siquiera eso: pierde una fracción marginal mientras la expansión continúa, depredando territorios y deteriorando la calidad de vida de quienes viven ahí.

Precisión: minería ilegal no es pequeña minería

Casas Tragodara advierte que el discurso dominante mete a todos en la misma canasta y el resultado es perverso: una porción significativa de mineros que quieren formalizarse termina arrojada a los brazos de la ilegalidad. Ahí falla el Estado y también, de alguna manera, el sector privado, que compra sin preguntar lo suficiente.

Define la minería ilegal, más allá de la definición legal, como la extracción de minerales —por ahora oro— que tiene una o más de estas características: el operador no tiene concesión, contrato de explotación ni acuerdo con el titular; opera donde la actividad está prohibida; usa maquinaria que no corresponde a la categoría que declaró; carece de instrumento de gestión ambiental o no lo cumple; no tiene planilla ni paga aportes e impuestos; o vende oro que no proviene de donde dice. Tratarlas como una sola es, a su juicio, la raíz del problema de política.

Atacar los insumos y el financiamiento

La estrategia que propone ataca primero los insumos. El procesamiento del oro exige mercurio, y el mercurio entra de contrabando. Cortar esa ruta hace daño real, porque sin mercurio no hay recuperación del metal. Cortar el financiamiento y el acceso a maquinaria y repuestos hace más daño todavía, porque golpea donde la reposición no es inmediata.

Después viene el otro extremo de la cadena. Las plantas de beneficio y los acopiadores son el punto donde el oro ilegal se blanquea, y hoy operan con un control mínimo. La trazabilidad importa, pero sirve de poco si falla en el primer eslabón: si el metal entra al sistema declarado como legal, seguirá siendo legal toda la cadena. Eso permite que quien tiene un REINFO venda ese paraguas al minero ilegal, por conveniencia o por amenaza.

El especialista sostiene que hay solución sin inventar nada nuevo: un control inteligente que compare la capacidad productiva real de un pequeño minero con el volumen que declara. Cuando una operación de tres trabajadores declara lo que produciría una decena, los números no cuadran. Lo que hace falta es coordinación estatal, inteligencia y tecnología.

Fronteras y respuesta internacional

El oro ilegal se extrae cerca de las fronteras, y eso no es casualidad: permite arbitrar entre jurisdicciones. Cuando una penalidad aprieta, la operación migra al lado donde aprieta menos. Por eso la respuesta tiene que ser internacional: penas equivalentes, intercambio de información y operativos conjuntos. En el Escudo Guayanés, el esfuerzo multinacional tuvo éxito parcial, pero tuvo resultados. El reto de siempre es el mismo: continuidad y presupuesto, que es donde estas iniciativas suelen morir.

Recién entonces, con las líneas de abastecimiento cortadas, el financiamiento interrumpido y el blanqueo cerrado, la interdicción funciona. Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro.

Una nueva Ley MAPE apunta en la dirección correcta y ayuda a cerrar algunas de esas líneas, pero conviene no esconderse detrás de ella: para la mayoría de las acciones descritas no hace falta un nuevo marco legal, hace falta decisión política. Esa es, según Casas Tragodara, la verdadera restricción, y explica por qué llevamos una década anunciando operativos y perdiendo territorio.