La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Huánuco puso fin a casi una década de impunidad al confirmar la sentencia de 20 años de prisión contra los efectivos policiales Wilfredo Anselmo Corral Espino y Waldemir Segura Niño. Los agentes fueron ratificados como coautores del asesinato del taxista William Ángel Llanos Sánchez, un caso que desde el año 2015 se convirtió en un emblema de la lucha contra los abusos de autoridad y la lentitud del sistema judicial en la región.
El tribunal, mediante la resolución número 34 emitida este 27 de abril de 2026, declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los imputados. Con esta decisión, el colegiado validó el fallo de primera instancia que consideró probada la responsabilidad de ambos policías en el homicidio calificado del joven conductor, ordenando además el pago solidario de 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor de los deudos.
La lectura de la sentencia de vista representa el cierre de un ciclo de postergaciones que mantuvo a la familia de la víctima en una vigilia constante por justicia. El proceso, consignado bajo el expediente 1139-2017, enfrentó múltiples dilaciones técnicas antes de llegar a esta instancia definitiva, donde la sala penal subrayó la solidez de las pruebas que vinculan a los agentes con la muerte del agraviado.
El fin de la impunidad en las filas policiales
Durante la audiencia virtual, los abogados defensores Marco Antonio Villavicencio y Jimmy Manuel Sotomayor Herrera intentaron cuestionar la valoración de las pruebas sin éxito. El colegiado desestimó sus argumentos y priorizó el derecho a la verdad de la parte agraviada, representada por el abogado Flores Milo Fretel, quien destacó que este fallo devuelve la confianza en las instituciones tras años de una defensa férrea de la memoria de Llanos Sánchez.
El impacto de la noticia fue recibido con alivio por el padre de la víctima, quien agradeció públicamente al Poder Judicial tras conocer que la máxima instancia regional no cedió a las presiones de los sentenciados. Para los familiares, la confirmación de la pena privativa de libertad no solo castiga a los responsables materiales, sino que sienta un precedente necesario sobre el uso desmedido de la fuerza y la responsabilidad penal de los custodios del orden.
La resolución judicial también establece el pago de los costos del proceso por parte de los ahora sentenciados, quienes deberán cumplir su condena en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad correspondiente. Este fallo ocurre en un contexto de alta sensibilidad social, donde la actuación policial está bajo el escrutinio permanente de una ciudadanía que exige rigor frente a cualquier conducta criminal dentro de la institución.
Una herida abierta en la memoria de Huánuco
El asesinato de William Llanos en 2015 no fue un incidente aislado, sino el detonante de una serie de reclamos por transparencia en los protocolos de intervención policial. La ratificación de la condena desarticula la estrategia de los agentes de presentar el hecho como un acto de servicio o un error operativo, confirmando la naturaleza calificada del homicidio que acabó con la vida de un joven trabajador que solo buscaba el sustento diario.
Con la sentencia de vista ya ejecutoriada, el siguiente paso institucional corresponde al inicio inmediato de las órdenes de captura y el ingreso formal de los efectivos al sistema penal. Queda pendiente observar si las defensas intentarán un último recurso de casación ante la Corte Suprema, aunque la unanimidad de la sala huanuqueña deja poco margen para revertir una verdad jurídica que tardó nueve años en consolidarse.
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