Un megaoperativo interinstitucional contra la minería ilegal permitió intervenir siete excavadoras sobre oruga, 14 motores diésel, 16 bombas de succión de agua, más de 5 mil galones de combustible y 27 campamentos rústicos dedicados a la extracción ilícita de minerales en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La acción se ejecutó durante los días 24 y 25 de septiembre de 2026.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), órgano del Ministerio Público competente en delitos ambientales, en coordinación con las fuerzas del orden. En el despliegue participaron los fiscales adjuntos provinciales Jesús Ernesto Vilca Romero y Alán Armando Otero Medina, quienes lideraron la incursión y ordenaron el decomiso de cinco generadores eléctricos, maquinaria pesada, herramientas y diversos implementos logísticos empleados por estas organizaciones criminales.
La intervención se fundamentó en las disposiciones del Decreto Legislativo N.º 1100, norma que regula la interdicción de la minería ilegal en el país. Con esta acción, el Ministerio Público busca frenar las operaciones que afectan los ecosistemas amazónicos y reducir la capacidad logística de las mafias para continuar con la extracción ilícita.
Impacto en la zona y riesgo para las comunidades nativas
La minería ilegal en Condorcanqui no es un fenómeno reciente. La provincia, ubicada en la ceja de selva nororiental, alberga territorios ancestrales del pueblo awajún y ecosistemas de alta biodiversidad. Según la Coordinación Nacional de las FEMA, estas intervenciones continuarán de la mano con la Policía Nacional del Perú para consolidar una estrategia sostenida en zonas declaradas de alta prioridad.
Según Mongabay Latam, un sobrevuelo realizado en la zona, que recorrió las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas), permitió observar dragas, campamentos mineros, retroexcavadoras y tracas dedicadas a la extracción ilegal de oro dentro y en las márgenes del río Marañón. También se divisaron zonas de bosque deforestado y cultivos ilegales de hoja de coca.
En ese vuelo participaron fiscales, representantes del gobierno regional de Amazonas y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las FEMA, señaló en esa ocasión que la actividad tiene larga data. "Hemos visto parte del río Marañón y hemos encontrado un número de dragas y un número de campamentos que nos hace pensar que esa actividad tiene larga data, tiene bastante tiempo. No es poco lo que se ha deforestado, no es poco lo que se ha afectado", declaró Almanza.
Un informe de Convoca.pe, difundido en enero de 2025, advirtió que el pueblo awajún de Amazonas se organiza en autodefensas para protegerse de la minería ilegal y de las organizaciones criminales. La investigación identificó la presencia de casi una veintena de dragas en las comunidades de Pagata y Kusu Kubaim, en la cuenca del río Comaina, que agravan la contaminación en la provincia de Condorcanqui. Además, el informe señaló que 19 petitorios de concesiones mineras se extienden sobre los cauces del Cenepa y el Marañón, y que casi un 40% de estos petitorios han sido otorgados a ciudadanos de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal en Perú.
Medidas pendientes para blindar la zona
Para evitar el retorno de la actividad extractiva ilícita, el material consultado menciona la necesidad de implementar acciones preventivas, como el establecimiento de puestos de control fluvial y terrestre permanentes, la fiscalización estricta del ingreso y venta de insumos químicos y combustibles en la zona de frontera, el fortalecimiento del patrullaje satelital continuo y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales.
El operativo en Condorcanqui se suma a otras intervenciones previas en la zona. La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informó que la minería en el río Santiago avanza a pesar de las intervenciones realizadas en los años 2014 y 2015 por la Comisión en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). DAR respaldó el pedido de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía norte del Perú (ORPIAN-P) para que el Estado reconozca los programas de vigilancia indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
La Coordinación Nacional de las FEMA reafirmó que estas intervenciones continuarán en la zona. No se precisó si se han identificado responsables directos de las operaciones ilegales ni si se han iniciado procesos penales contra los implicados.
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