Una interdicción contra la minería ilegal en el sector Mega 16, en La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios, se ejecutó durante la madrugada del 2 de noviembre. El operativo fue liderado por el Ministerio Público con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Según informó Andina, en la intervención se destruyeron más de 20 motores, balsas, motocicletas y otros equipos empleados para la extracción ilegal de minerales. La acción contó con la presencia del coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, y del coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP), Ronal Flores, quienes garantizaron la legalidad del procedimiento.
Qué se inutilizó en el operativo
Efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP intervinieron una extensa infraestructura dedicada a la extracción ilegal de minerales, lo que afectó directamente los recursos y medios logísticos de esta actividad. De acuerdo con la información oficial, se inutilizaron diez motores, diez balsas tipo traca, diez plataformas de madera, diez pozas, diez tolvas y diez campamentos rústicos.
También se intervinieron cinco motocicletas, un motocarguero y otros bienes y enseres. El valor total de los bienes afectados asciende a S/ 3 993 825, según la fuente oficial.
El contexto de La Pampa y la minería ilegal
La zona de La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, ha sido escenario de operativos previos contra la minería ilegal. En febrero de 2019 se realizó la Operación Mercurio, un megaoperativo del gobierno peruano en esa localidad.
Un análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), difundido por Mongabay Latam, indicó que entre marzo de 2019 y marzo de 2022 la deforestación aumentó entre 50 % y 448 % en cuatro comunidades indígenas: Puerto Luz, Tres Islas, Barranco Chico y Boca Inambari. En ese periodo, esas comunidades perdieron un total de 1853 hectáreas de bosque.
“En los periodos de pandemia y post Operación Mercurio, se ha dado un incremento importante de la minería ilegal dentro de las comunidades nativas”, señaló Sidney Novoa, director SIG y Tecnologías para la conservación de Conservación Amazónica – ACCA, según Mongabay Latam.
El reporte también mostró que en La Pampa, tras el megaoperativo, la deforestación por minería ilegal presentó cifras más bajas que las registradas antes de marzo de 2019. No obstante la actividad se desplazó hacia comunidades nativas y zonas de amortiguamiento.
Operativos previos y cifras del avance
En octubre de 2025, un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP demolió seis campamentos rústicos y equipos de minería ilegal en los sectores Balata y Azul, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en el distrito de Inambari. Según Infobae, en esa intervención se destruyeron 19 motos lineales, siete motores, seis balsas, seis timbos de combustible, una carguera y dos bombas de succión de agua, además de una traca mecánica.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) supervisó esas acciones. De acuerdo con el mismo medio, la FEMA subrayó: “Cada operativo busca frenar la degradación ambiental dentro de las reservas nacionales”.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo citados por Infobae, para septiembre de 2024 los conflictos socioambientales vinculados a la minería constituyeron el 32,5 % de los casos reportados en el país. La entidad ha subrayado el vínculo entre la minería ilícita y el crimen organizado.
De acuerdo con Convoca, la plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Ilegal con Imágenes de Radar), implementada por Conservación Amazónica, registró que solo del 5 al 28 de noviembre de un año reciente se deforestaron más de 10 hectáreas y se emitieron 143 alertas en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Otras 46 hectáreas se perdieron fuera del corredor minero. La suma de la superficie arrasada en los últimos ocho meses fue de 237 hectáreas de bosque.
El biólogo Sidney Novoa, de Conservación Amazónica, señaló a Convoca que la proliferación y el regreso de la minería ilegal en La Pampa y la zona de amortiguamiento se debe a que el Estado ha bajado la guardia y descuidado medidas de prevención e interdicción.
“Han regresado a los espacios recuperados, trabajan en las mismas zonas, y es cuestión de tiempo para que ellos perciban que no les está pasando nada para que comiencen a llegar más”, indicó Novoa a Convoca.
Las infraestructuras de minería ilegal en 2023 (592 dragas) se incrementaron un 400 % respecto de 2021 (148 dragas). Se presume que casi 2400 mineros han retornado a las zonas que habían sido recuperadas por el Estado en 2019 mediante la Operación Mercurio.
El ingeniero forestal Martín Arana, especialista de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenibles (FCDS-Perú), señaló a Convoca que el repliegue del Estado y la inestabilidad del presupuesto son uno de los mayores factores de por qué la minería ilegal ha vuelto a La Pampa. Mientras que en 2019 se destinaron 77 millones de soles para combatir esta economía ilícita, en 2023 el monto fue de 60 millones, una reducción del 28 %.
La interdicción del 2 de noviembre en el sector Mega 16 se suma a los operativos previos en la zona. Las autoridades no informaron sobre nuevas medidas tras la intervención.
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