Samuel Kaqui (24) y Simeón Kaqui (59) fueron condenados a cinco años de pena privativa de la libertad, con ejecución suspendida, por atacar con un machete y un palo a Jugencio Flores (59) en un camino vecinal del distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Leoncio Prado informó que ambos procesados fueron hallados responsables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves. La sentencia también establece el pago de S/ 8000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.
Ataque ocurrió en un camino hacia Río Negro
De acuerdo con la información fiscal, la agresión ocurrió el 26 de agosto en la vía vecinal que conecta con el poblado de Río Negro. Los dos hombres habrían empleado un machete y un palo durante el ataque, que dejó gravemente herido al poblador.
Pese a sus lesiones, Flores consiguió alejarse de sus atacantes y llegar hasta una carretera cercana, donde solicitó ayuda. Su perro tuvo una intervención decisiva: mordió el pantalón de uno de los agresores y provocó una distracción que permitió a su dueño escapar y ponerse a salvo.
La actuación del animal evitó que los atacantes continuaran alcanzando al poblador, según el relato difundido por el Ministerio Público. El agraviado logró así recibir auxilio después de abandonar el lugar de la agresión.
Acusados admitieron los hechos ante el juzgado
El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Mijael Paredes Matos. Durante la audiencia convocada para evaluar el requerimiento de prisión preventiva, Samuel Kaqui y Simeón Kaqui aceptaron los hechos atribuidos por la Fiscalía y solicitaron acogerse a un proceso de terminación anticipada.
Este mecanismo permitió concluir el proceso penal luego de que ambos reconocieran su responsabilidad. El juzgado aceptó el acuerdo presentado por las partes y dictó la sentencia condenatoria de cinco años, cuya ejecución quedó suspendida.
Por esta condición, los sentenciados no ingresarán a un establecimiento penitenciario mientras cumplan estrictamente las reglas de conducta impuestas por el órgano jurisdiccional. Si incumplen esas obligaciones, la suspensión podrá ser revocada y la pena podría hacerse efectiva. El fallo mantiene, además, la obligación de pagar la reparación civil fijada para el agraviado.
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