El Cusco registró 305 denuncias por delitos ambientales entre enero y agosto de 2026, un 33% más que en el mismo periodo de 2025, según datos reportados por el Ministerio Público. Entre los principales delitos reportados figuran la minería ilegal, la afectación contra los bosques y el tráfico de madera.
Los delitos ambientales mantienen una incidencia constante en la región, aunque su evolución ha sido variable en los últimos años. Tras alcanzar un pico de 538 denuncias en 2022, los casos retrocedieron y luego retomaron una tendencia al alza: en 2025 se registraron 447, un 12% más que dos años atrás.
"La persistencia de los delitos ambientales representa un desafío para el desarrollo. El deterioro de los recursos naturales puede afectar actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, de las que dependen muchas familias. La contaminación del agua, el deterioro de los suelos o la pérdida de bosques también pueden afectar sus ingresos y oportunidades", indicó Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Minería ilegal: 52 denuncias y operativos en Paucartambo y Chumbivilcas
La minería ilegal representa una afectación directa sobre los recursos naturales de la región. De enero a agosto de 2026 se registraron 52 denuncias relacionadas con actividades de exploración, extracción o explotación de minerales sin autorización, una práctica que puede generar impactos sobre el ambiente y la salud.
Los casos reportados muestran distintas dimensiones de esta problemática. En Paucartambo, un operativo en el sector Umana permitió intervenir un campamento donde se realizaban presuntas actividades de minería ilegal y detener a 14 personas, además de detonar maquinaria pesada, volquetes y motocicletas. Mientras que en Colquemarca, Chumbivilcas, las autoridades incautaron alrededor de 5,7 toneladas de materiales explosivos almacenados sin autorización.
"La minería ilegal no se ejecuta de manera improvisada, requiere maquinaria, insumos y una logística que permite sostener operaciones. Al desarrollarse fuera de los mecanismos de control, estas actividades pueden generar contaminación de los recursos naturales y afectar directamente la calidad del agua, los suelos y el entorno del que depende la población", señaló el economista.
Bosques y madera: los delitos más denunciados
Los bosques de Cusco también registran actividades que pueden afectar estos recursos. Con 79 denuncias de enero a agosto de 2026, la afectación de bosques fue el delito ambiental más denunciado en la región. Comprende acciones como destruir, quemar, dañar o talar bosques y otras formaciones boscosas.
A esta problemática se suma el tráfico ilegal de madera, que ocupó el cuarto lugar entre los delitos ambientales más denunciados, con 34 casos registrados en el mismo periodo. Se entiende como acopiar, almacenar, transportar o comercializar productos forestales maderables sin cumplir con las condiciones establecidas por la normativa.
"Fortalecer la prevención, fiscalización y capacidad de respuesta de las autoridades es fundamental para evitar que estas actividades ilegales sigan deteriorando los recursos de la región. Lo que debemos esperar es una respuesta capaz de proteger el ambiente, los recursos naturales y, con ellos, la salud, las actividades económicas y la calidad de vida de la población", concluyó el economista de REDES.
Operativos recientes en Chumbivilcas
En septiembre, un operativo contra la minería ilegal intervino tres campamentos clandestinos en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, con la detención de 18 adultos y la intervención de un adolescente de 16 años, según informó el diario El Pueblo. La acción fue ejecutada por la Policía Nacional del Perú con participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Autoridad Local del Agua (ALA).
Según informó la Región Policial Cusco, las fuerzas del orden encontraron evidencias de extracción minera a cielo abierto, remoción de material mineralizado y alteración de los cauces naturales. Estas actividades habrían provocado el ingreso de afluentes contaminantes hacia el río Ccasccamayo, afectando un recurso hídrico de la zona.
Durante el operativo se incautaron cuatro cargadores frontales Volvo y una motocicleta, que quedaron a disposición de la Fiscalía de Extinción de Dominio. Por ser inviable su traslado, se destruyeron tres maquinarias pesadas más, cinco motocicletas, tres motobombas, dos chutes de lavado y dos campamentos rurales.
En un operativo similar, la Policía Nacional del Perú intervino a 19 personas en el sector Choccoyo, distrito de Colquemarca, Chumbivilcas, según reportó Diario Ahora. De las 19 personas halladas, 11 adultos fueron detenidos en flagrancia y siete quedaron en calidad de intervenidos. Un menor de 16 años fue retenido y derivado a la Sección Familia de la Comisaría de Velille. Los adultos intervenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la PNP Cusco para las investigaciones por el delito de minería ilegal.
En julio, la FEMA de Cusco investigaba por minería ilegal agravada a 14 personas detenidas durante un operativo en el sector Umana, provincia de Paucartambo, según El Búho. El Ministerio Público declaró complejo el proceso debido al número de investigados y a las pericias técnicas necesarias para determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado en el cauce del río donde operaban los mineros.
De acuerdo con la Fiscalía, los intervenidos actuaban con una importante capacidad logística. Utilizaban maquinaria pesada para excavar, desviar el curso del río, remover grandes volúmenes de material y acumular desmontes, alterando la morfología del ecosistema fluvial. Estas actividades, según el Ministerio Público, generan un alto riesgo de degradación ambiental y afectan de manera directa el hábitat de especies hidrobiológicas.
Contexto nacional: respaldo comunitario a la minería ilegal
El caso se conoce en medio del avance de la minería ilegal e informal en todo el país, según El Búho. Días antes, en Nueva Esperanza, distrito de Puños (Huánuco), unas 50 personas atacaron a efectivos policiales que participaban en el operativo «Impacto–2026», destinado a destruir un campamento de minería ilegal instalado en la ribera del río Marañón.
Un hecho similar ocurrió en Hualgayoc (Cajamarca), donde cerca de 80 personas irrumpieron en una comisaría para liberar a siete detenidos vinculados con actividades de minería ilegal que acababan de recibir siete meses de prisión preventiva.
Para los especialistas consultados, estos episodios reflejan que la minería ilegal empieza a construir una base social de apoyo en algunos territorios. Dante Vera, especialista de V&C Analistas, sostiene que el incremento sostenido del precio del oro y del cobre convirtió a la minería en una actividad mucho más rentable que la agricultura. A ello se suma la crisis de la producción campesina, que ya no garantiza ingresos suficientes para muchas familias rurales.
Edwin Guzmán, especialista de Labor para el Desarrollo, considera que el avance de la minería ilegal también responde a la ausencia del Estado. «La falta de servicios públicos, empleo y oportunidades hace que muchas comunidades vean en la minería una alternativa económica», explica.
En agosto de 2020, las aguas del río Velille —utilizadas para regar campos de cultivo en comunidades de Chumbivilcas y Paruro— tomaron un color verde oscuro, lo que generó preocupación en ambas provincias, según reportó La República en su momento. Las autoridades solicitaron entonces al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio de Energía y Minas.
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