El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Abelardo Caballero Ospino, investigado como presunto autor del feminicidio de su expareja, Luz Cachique, y del delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de William Sánchez, hermano de la víctima.
La medida coercitiva fue dictada luego de que el órgano jurisdiccional declarara fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público. El investigado permanecerá recluido mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer su presunta responsabilidad penal.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 21 de junio de 2026, en los exteriores de una discoteca situada en la avenida Alameda Perú, en la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado.
En ese lugar, Luz Cachique habría sido atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Durante la misma agresión, William Sánchez también resultó herido cuando presuntamente intentó intervenir ante el ataque. El hombre sobrevivió y figura como agraviado por tentativa de homicidio.
Fiscalía presentó antecedentes y mensajes
El requerimiento fue sustentado por el fiscal adjunto provincial Pedro Luis Aguirre Espino, integrante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado.
Entre los elementos de convicción expuestos durante la audiencia figuran denuncias anteriores por violencia familiar, medidas de protección que se encontraban vigentes, audios, mensajes con presuntas amenazas y actos de hostigamiento. Estos indicios serán evaluados durante el desarrollo de la investigación preparatoria.
El Ministerio Público sostuvo, además, que existía peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la actividad probatoria. Según la tesis fiscal, Caballero Ospino permaneció oculto desde la fecha del ataque hasta su reciente captura.
La Fiscalía también señaló que el investigado no contaría con arraigos de calidad suficientes y advirtió sobre un posible riesgo de intimidación contra testigos o familiares de la víctima. Tales argumentos fueron considerados por el juzgado al momento de imponer la prisión preventiva.
La medida no constituye una sentencia ni determina culpabilidad. Su finalidad es garantizar la presencia del investigado durante el proceso y evitar posibles interferencias en las diligencias pendientes.
Las autoridades continuarán recopilando testimonios, peritajes y otros elementos probatorios. Al concluir esta etapa, la Fiscalía deberá decidir si formula acusación para que el caso sea llevado a juicio oral.
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