El líder indígena del pueblo Ashéninka, Américo Pascuala Tomisha, de 57 años, fue asesinado a balazos el 23 de agosto cuando patrullaba el territorio de su comunidad para protegerlo de presuntos terceros que extraían aceite de copaiba, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El hecho ocurrió en la comunidad nativa Onconashari, en la región Ucayali. Según el reporte, Pascuala habría identificado a un grupo de sujetos con material presuntamente industrial para extraer aceite de copaiba dentro de su territorio. El encuentro terminó en un enfrentamiento en el que el Apu fue alcanzado por munición de arma de fuego, lo que acabó con su vida.
Denuncias previas y llamado de atención
La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) advirtió que el Apu y exjefe de la comunidad nativa Onconashari había denunciado con anterioridad la presencia de colonos y terceros dentro de su territorio, pero que sus llamados no fueron atendidos.
Ante el asesinato, la ORAU exigió el inicio de las diligencias correspondientes y garantías para los líderes indígenas a los principales organismos del Estado, como la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Defensoría del Pueblo.
Cifras que alertan
Con la muerte de Pascuala, se suman más de 60 líderes indígenas asesinados desde 2012, lo que representa una exclusión del aparato de la seguridad estatal a las comunidades ancestrales, según la organización indígena.
Uno de los últimos casos que obtuvo justicia fue el del líder Kichwa Quinto Inuma, asesinado el 30 de noviembre tras participar en un simposio de defensores ambientales en Pucallpa. Sus asesinos fueron condenados hasta 35 años de prisión, dependiendo de la responsabilidad que tuvieron.
Panorama de la violencia en la Amazonía
Un estudio elaborado por ProPurús y la ORAU, presentado el 15 de mayo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, determinó que entre 2010 y 2024 se reportaron 226 casos de defensores y defensoras indígenas en situaciones de riesgo en Ucayali, la provincia de Puerto Inca (Huánuco) y los distritos de Padre Márquez y Contamana (Loreto).
El informe señala que en Ucayali, uno de cada 13 defensores amenazados ha sido asesinado. Entre 2019 y 2024, la región registró 11 asesinatos de defensores ambientales, la cifra más alta del país, seguida por Huánuco con ocho casos.
“Las economías ilegales, que incluyen la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la tala ilegal, se erigen como el principal motor de la conflictividad en la Amazonía”, señala el reporte.
Defensoras indígenas ante la CIDH
El 4 de agosto, cinco lideresas indígenas —Teresita Antazú López (Yanesha), Elaine Shajian Shawit (Awajún), Matut Impi Ismiño (Awajún), Olivia Bisa Tirko (Chapra) y Kelly Valera Silva (Shipibo-Konibo)— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las afectaciones que las economías ilegales generan en sus territorios en Loreto, Huánuco y Ucayali.
En esa audiencia se mencionaron casos como el asesinato del líder indígena Isai Shuuk, ocurrido en noviembre de 2025, y la desaparición de Rusber Villacorta Torres, vicepresidente de la Federación Kandozi de la Cuenca del Ungurahui, reportada desde junio de 2026.
Las investigaciones por el asesinato de Américo Pascuala Tomisha continúan en curso, mientras las organizaciones indígenas exigen que el Estado garantice la protección de los defensores ambientales en la Amazonía peruana.
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