El consejero regional de Lauricocha, Pedro Iban Albornoz Ortega, planteó que se apruebe la ordenanza regional propuesta por el anterior Consejo Regional que recomendó el pago de la deuda social a los profesores y demás trabajadores del sector público sin necesidad de sentencias judiciales consentidas. La actual situación resulta insostenible e injusta para los perjudicados por la deuda social, y el Gobierno Regional debe aplicar las leyes y no ceñirse a directivas de menor rango.
Asimismo señaló que insistir en procesos judiciales significa mayor gasto en abogados, papeles, gestiones y finalmente en pagar intereses por la postergación durante años de la deuda social. Por ello el gobernador no debe pensarlo mucho y promulgue la ordenanza.
