La empresa Shougang Hierro Perú denunció al alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, por presuntos delitos de extorsión, perturbación de reunión pública, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. La medida ocurre en medio de reclamos sociales vinculados a las operaciones mineras en el distrito iqueño.
La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre exhortó al alcalde y al ciudadano Juan José Chauca Morales a ejercer sus derechos dentro del marco legal y evitar acciones que afecten transporte, comunicaciones, reunión pública u otros servicios esenciales. La disposición también ordenó notificación formal mediante la comisaría sectorial de Marcona.
La tensión aumentó durante un taller participativo desarrollado por Shougang en el Club de Empleados de Marcona. Según información preliminar, pobladores intentaron ingresar al recinto y se registraron enfrentamientos con efectivos policiales desplazados para resguardar la actividad.
Cerca de 200 agentes de la Unidad de Servicios Especiales fueron enviados al distrito para evitar mayores alteraciones del orden público. El episodio refleja la fragilidad de la relación entre minería, autoridades locales y población en una zona clave para la producción de hierro.
El caso abre una nueva prueba para el Estado: garantizar protesta legítima sin permitir bloqueos ni violencia. La investigación fiscal deberá determinar si existieron delitos o si el conflicto responde a una crisis social no resuelta.
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