La disputa por la Alameda de la República escaló al terreno institucional luego de que el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, amenazara con pedir al Ministerio de Cultura la remoción de Esperanza Rosales Alcántara, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), según la versión difundida por Jessica Lavado.
El cuestionamiento surgió porque la DDC dio trámite a una solicitud ciudadana para evaluar si la Alameda puede ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. El caso compromete un proyecto urbano que, según el texto, implicaría la demolición de la estructura actual y la erradicación de 400 árboles.
Pulgar habría justificado la intervención al señalar que las raíces de los árboles dañan las redes de agua y desagüe de los vecinos de la zona. También habría mencionado las remodelaciones realizadas en Tingo María como ejemplo de obras que, según su versión, terminaron siendo aceptadas por la población.
Presión política sobre un trámite técnico
La publicación sostiene que la solicitud ciudadana se ampara en la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y que la DDC tendría competencia para abrir un expediente técnico ante pedidos de evaluación patrimonial. Bajo ese marco, el anuncio de Pulgar coloca presión política sobre una decisión que debería resolverse por criterios técnicos y legales.
Si bien el gobernador puede cuestionar públicamente el impacto de una eventual paralización o modificación del proyecto, pedir la salida de una funcionaria por tramitar una solicitud ciudadana abre un flanco delicado: el riesgo de que una evaluación patrimonial sea tratada como obstáculo político antes de que exista una decisión final.
El caso deja pendiente una definición clave: si el Ministerio de Cultura respaldará el trámite iniciado por la DDC Huánuco, si evaluará el pedido contra Rosales Alcántara o si solicitará información adicional antes de adoptar una decisión administrativa.
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