El paro macrorregional del sector arrocero en La Morada se mantiene firme tras la evaluación preliminar del próximo decreto de urgencia gubernamental. Saturnino Cervantes Andrés, presidente de la Federación de Productores de Arroz, afirmó que los fondos designados por el Ejecutivo son insuficientes para paliar la crisis estructural que enfrenta el sector. El dirigente sostuvo que la propuesta de 100 millones de soles para la compra de arroz y 50 millones para el mantenimiento de canales de riego no soluciona la situación crítica de los agricultores.
La exigencia central del gremio asciende a 300 millones de soles, presupuesto necesario para que el Estado adquiera 180 mil toneladas de arroz. Cervantes precisó que esta cifra es la única capaz de resolver la asfixiante presión bancaria que enfrentan los productores, quienes reportan casos frecuentes de embargos de bienes e hipotecas sobre sus viviendas y terrenos. Ante la falta de respuesta sobre la declaratoria de emergencia, la compra directa de su producción se presenta como la única alternativa viable a corto plazo.
El dirigente señaló que la movilización no busca extenderse indefinidamente, pero advirtió que la voluntad de diálogo está condicionada a una solución real. Cervantes descartó asistir a la mesa de trabajo convocada en Lima por la Presidencia del Consejo de Ministros, al considerar que la invitación llegó a destiempo y que la sede centralizada en la capital resulta inaccesible para los productores movilizados en las zonas arroceras, sugiriendo en cambio puntos de encuentro en regiones como Huánuco o San Martín.
La inviabilidad del mercado y las exigencias estatales
Sobre la rentabilidad de la actividad agrícola, el representante gremial detalló que el precio mínimo para cubrir los costos de producción y obtener un margen de ganancia sostenible oscila entre los 1200 y 1300 soles por tonelada. En contraste, el precio actual en chacra se desploma entre los 650 y 700 soles. Esta brecha económica se ve agravada por el encarecimiento de insumos, como el abono, cuyo costo se ha duplicado en el mercado, pasando de un rango de 80 a 120 soles, a registrar picos de hasta 210 soles.
Cervantes denunció que el sistema de comercialización favorece exclusivamente a los intermediarios. Explicó que muchos agricultores, al no poder vender directamente a los molinos, deben procesar su cosecha bajo el sistema de maquila. Tras este proceso, los productores reciben ofertas mínimas por saco, mientras que los comerciantes revenden el producto al consumidor final con márgenes de ganancia desproporcionados, lo que explica por qué el precio final no refleja la caída que golpea la economía del agricultor.
Respecto a las alternativas estatales, el dirigente cuestionó duramente la exigencia de proveer arroz fortificado. Indicó que ni en La Morada ni en Aucayacu existen las plantas de procesamiento necesarias para realizar la mezcla con minerales como el zinc y el posterior secado requerido. Según explicó, esta barrera técnica excluye a los productores locales y abre la puerta a que sean grandes comerciantes o intermediarios con mayor infraestructura quienes terminen capturando los recursos destinados a la compra estatal.
Tensión en las vías y transparencia en la medida
Sobre el bloqueo de carreteras, Cervantes aclaró que la apertura temporal de la vía ha sido una medida táctica para evitar enfrentamientos con la policía y mitigar la presión de transportistas y pasajeros varados. El dirigente negó rotundamente que el fallecimiento de un conductor registrado durante la protesta fuera responsabilidad de los manifestantes, asegurando que, según los reportes, el accidente fue provocado por el propio conductor al manejar bajo los efectos del alcohol, impactando contra un vehículo estacionado.
En cuanto a los mecanismos de control, la federación ha planteado al Ministerio de Agricultura la implementación de filtros rigurosos mediante certificados de productor. La propuesta busca constatar que quien acceda a los beneficios sea efectivamente un agricultor. El gremio busca evitar que se repitan irregularidades vistas en gestiones pasadas, donde empresas sin vinculación con el campo obtuvieron certificaciones irregulares, desplazando a quienes realmente necesitaban el apoyo estatal para sobrevivir a la campaña.
El futuro de la paralización dependerá ahora del contenido oficial del decreto de urgencia, el cual será analizado exhaustivamente por las bases arroceras. Cervantes concluyó que, si la norma no contempla la compra de las 180 mil toneladas solicitadas, las acciones de protesta continuarán. La incertidumbre persiste tanto en el sector arrocero como en los sectores logísticos, a la espera de un documento que defina si el Gobierno finalmente abordará la emergencia agraria con la magnitud que el gremio considera indispensable.
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