El inicio del año escolar 2026 en el distrito de Pillco Marca estuvo marcado por un diagnóstico preocupante: más de la mitad de las instituciones educativas del distrito requiere mejoras en su infraestructura. Así lo reconoció la alcaldesa Diana Plejo durante una visita a diversos centros educativos, donde también informó sobre proyectos en ejecución, gestiones ante el gobierno central y dificultades administrativas que retrasan nuevas obras.
La autoridad municipal señaló que el distrito cuenta con 24 instituciones educativas, incluyendo las ubicadas en zonas rurales, y que funcionarios de la municipalidad realizaron visitas a cada una de ellas para acompañar el inicio de clases.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por la alcaldesa es el alto porcentaje de instituciones educativas que aún requieren mejoras estructurales. De acuerdo con la información brindada, más del 50% de los colegios del distrito presenta problemas de infraestructura, especialmente en zonas rurales.
Entre las principales necesidades detectadas se encuentran: construcción de techos y coberturas, mejoramiento de servicios higiénicos, instalación de cercos perimétricos y ampliación o construcción de nuevas aulas.
Plejo indicó que algunos proyectos ya están en marcha. Entre ellos destacó la cobertura de techos en los colegios de Vichaycoto y Pitumama, cuyos trabajos se iniciarían próximamente. Asimismo, recordó que el año pasado se concluyó la cobertura en la institución educativa de Andabamba.
Otra obra actualmente en ejecución es el proyecto de la institución educativa inicial N.° 444, ubicada en la parte baja de Cayhuayna. Según explicó, esta obra se financia con recursos gestionados ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Ministerio de Economía y Finanzas, y se encuentra en plena etapa de construcción.
Un obstáculo importante para el desarrollo de nuevos proyectos educativos es el saneamiento físico legal de los terrenos donde funcionan varios colegios. La alcaldesa explicó que muchas instituciones no cuentan con la inscripción definitiva de sus predios en Registros Públicos, lo que impide iniciar proyectos de inversión pública.
Según detalló, en algunos casos los terrenos figuran a nombre de la Dirección Regional de Educación y no de la institución educativa, situación que complica la elaboración y aprobación de expedientes técnicos.
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