Las denuncias falsas en delitos sexuales y de violencia familiar deben investigarse con rigor para evitar que personas inocentes enfrenten procesos penales o incluso prisión preventiva, sostuvo el abogado Celestino Rojas Gálvez al comentar los alcances de la Ley 11561. El letrado señaló que, si bien existen denuncias fundadas, también se registran casos motivados por conflictos familiares, laborales o personales.
Rojas Gálvez indicó que algunas imputaciones graves, como violación o tocamientos indebidos, pueden surgir por venganza, disputas internas o desacuerdos en centros laborales. Según explicó, en ciertos casos se utiliza una acusación penal para perjudicar a un jefe, rival o persona cercana.
El abogado precisó que el proceso penal cuenta con etapas como investigación preliminar, investigación preparatoria y juzgamiento, donde pueden aparecer elementos que contradigan la denuncia inicial. Si se demuestra que la imputación fue falsa y dolosa, sostuvo que el afectado puede denunciar por calumnia y solicitar indemnización por daños.
La prueba como eje del debate
Rojas Gálvez remarcó que la acción debe ser impulsada por la persona agraviada, especialmente si fue investigada, procesada o encarcelada injustamente. Añadió que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, puede abrir investigación cuando existan elementos claros.
El abogado reconoció que se trata de un tema sensible, en especial cuando involucra denuncias presentadas por mujeres. Sin embargo, advirtió que la presión mediática puede influir en fiscales y jueces durante procesos por violencia o delitos sexuales.
Finalmente, Rojas Gálvez pidió al Ministerio de la Mujer y a organizaciones defensoras de derechos actuar con prudencia. Según afirmó, la defensa de las víctimas debe sostenerse en pruebas reveladoras y suficientes, para evitar que una denuncia sin sustento perjudique a una persona inocente.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.