Cúpula de seguridad israelí alerta sobre un "terrorismo judío organizado" en Cisjordania, donde NO hay procesamientos por muertes de palestinos desde 2020. Exjefes y un exprimer ministro claman por intervención de la CPI.
Una alarmante denuncia sacude a Israel: más de 30 exjefes militares, policiales y de inteligencia, junto al exprimer ministro Ehud Olmert, describen la situación en la Cisjordania ocupada como "terrorismo judío organizado". Exigen acción urgente, mientras se revela que ninguna acusación se ha formulado contra israelíes por matar palestinos desde 2020, pese a más de 1.100 víctimas.
Según la investigación publicada por The Guardian, la impunidad se ha consolidado en la Cisjordania ocupada, generando un vacío legal que permite la violencia extrema contra civiles palestinos. Esta situación ha llevado a importantes figuras de seguridad y políticas israelíes a romper el silencio, advirtiendo sobre un grave deterioro moral y de seguridad que amenaza los cimientos mismos del estado. La ausencia de justicia ha sido constante durante casi media década.
La Cúpula de Seguridad Israelí Denuncia "Terrorismo Judío Organizado": Más de 30 Exjefes Exigen Acción Urgente
En una carta pública sin precedentes, docenas de exmandos de la seguridad israelí han calificado la creciente violencia contra palestinos en Cisjordania como "terrorismo judío organizado". Entre los firmantes se encuentran 5 exjefes de la agencia de inteligencia Mossad, 4 antiguos comisionados de policía y 2 exjefes militares (uno de los cuales también fue ministro de Defensa). Advierten que la falta de un enfrentamiento decidido a este fenómeno representa una "amenaza existencial" para Israel, debilitando su "fortaleza moral" que, según ellos, ha sido clave para sus victorias pasadas. El exprimer ministro Ehud Olmert, quien dirigió el país entre 2006 y 2009, ha ido un paso más allá, pidiendo explícitamente la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Olmert declaró que ha decidido "no solo no guardar silencio, sino llamar la atención de la CPI para que tome medidas coercitivas y emita órdenes de arresto", en un intento desesperado por "salvar a los palestinos y a nosotros [los israelíes]" de una violencia que cuenta con la complicidad y, a veces, la participación directa de las fuerzas del orden y el ejército. Esta postura marca un quiebre significativo en el discurso interno israelí sobre la ocupación que se prolonga ya por 57 años.
¿Un Sistema Judicial que Protege Asesinos en la Cisjordania Ocupada? Cero Procesamientos en Cinco Años
La investigación de The Guardian revela una cifra escalofriante: Israel no ha procesado a ninguno de sus ciudadanos por la muerte de civiles palestinos en la Cisjordania ocupada desde principios de esta década, es decir, desde el año 2020. Esta impunidad se manifiesta en un contexto de violencia creciente, con al menos 10 civiles palestinos asesinados solo este mes por colonos y policía israelí. Entre las víctimas más recientes se encuentran dos hermanos de 5 y 7 años, junto a sus padres, quienes fueron abatidos a tiros en la cabeza mientras regresaban de un viaje de compras de Ramadán. Desde 2020, datos de la ONU documentan más de 1.100 civiles palestinos asesinados por soldados y colonos israelíes en Cisjordania, de los cuales al menos el 25% eran niños. La última vez que una fuerza de seguridad israelí fue acusada por una muerte en Cisjordania fue en 2019, y la última acusación contra un civil israelí fue en 2018. Los informes del grupo de derechos legales Yesh Din demuestran la magnitud del problema: entre 2020 y 2025, el 96% de las investigaciones policiales sobre la violencia de colonos en Cisjordania se cerraron sin una acusación. De 368 casos investigados, solo 8, que representan un minúsculo 2%, terminaron en condenas totales o parciales. Esto sugiere una maquinaria de justicia que funciona más como un escudo que como un garante del derecho.
La Impunidad en la Cisjordania: Un Proyecto de Estado que Alienta la Violencia
El asentamiento de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada, que inició en 1967 tras la Guerra de los Seis Días y ya suma aproximadamente 700.000 personas, es un proyecto que ha sido impulsado por gobiernos de todo el espectro político israelí. Este proyecto es considerado ilegal bajo el derecho internacional, específicamente la Cuarta Convención de Ginebra, y suscita críticas de la comunidad internacional. Aunque muchos palestinos podrían ver con buenos ojos la crítica interna israelí, recuerdan que varios de estos exfuncionarios que hoy denuncian la violencia, fueron en su momento actores clave en la expansión de los asentamientos y, por ende, de la escalada de violencia. La situación post-7 de octubre de 2023, tras los ataques liderados por Hamás, ha intensificado aún más la violencia colona.
¿La CPI Será la Última Esperanza para Salvar a Palestinos y a los Propios Israelíes del "Terrorismo Judío"?
Ante la falta de acción judicial interna, Ehud Olmert ha enfatizado la urgencia de una intervención de la Corte Penal Internacional. Sus comentarios son una fuerte crítica a la inacción del sistema legal israelí, al que acusa de no cumplir con su deber. Olmert ha comparado los "pogromos" en las aldeas palestinas con aquellos "una vez dirigidos contra los judíos en Europa", un paralelismo profundamente simbólico que subraya la gravedad de la situación. Argumenta que la violencia de los colonos es "asistida, apoyada e inspirada por círculos gubernamentales" y que la CPI, con 124 estados miembros, debe tomar medidas para "salvar a los palestinos y a nosotros" de estos "actos criminales" que califica de "limpieza étnica". Aunque inicialmente Olmert pidió la intervención de la CPI solo para la violencia civil, también admitió que ha habido "demasiados" incidentes donde israelíes uniformados han matado a civiles palestinos. La cuestión central es si la comunidad internacional y sus tribunales serán capaces de llenar el vacío de justicia que el propio sistema israelí ha creado, y si Israel estará dispuesto a someterse a la jurisdicción externa.
Un Sistema Legal Diseñado para la Impunidad: Menos del 1% de Querellas Concluyen en Acusaciones
La directora de Yesh Din, Ziv Stahl, es contundente al afirmar que los sistemas de aplicación de la ley israelíes, tanto civiles como militares, "funcionan menos como mecanismos de justicia y más como escudos para los perpetradores". Entre 2020 y 2024, Yesh Din recibió 1.746 denuncias de palestinos por daños causados por soldados israelíes en Cisjordania, incluyendo más de 600 por asesinatos, y menos del 1% de ellas terminaron en acusaciones. El abogado israelí de derechos humanos, Michael Sfard, lo explica crudamente: "El sistema está programado para fabricar impunidad, no rendición de cuentas". Sfard señala que el sistema fue lo suficientemente "inteligente" como para permitir "ocasiones muy raras de rendición de cuentas" que pudieran ser presentadas como ejemplos de su funcionamiento, una especie de "performance de rendición de cuentas" que en el fondo es una "mentira". Sin embargo, en los últimos años, los jueces y fiscales han enfrentado una presión interna intensa, lo que ha llevado a que la persecución de la violencia contra los palestinos se detenga casi por completo. Sfard concluye que esto se debe a que "no estamos pagando un precio internacional por la impunidad", mientras que internamente, "están pagando un precio por esta actuación de rendición de cuentas, que de todos modos es una mentira", demostrando que la ausencia de justicia es una decisión calculada.
Voces Israelíes Clave Quiebran el Silencio: Exministros de Justicia y Jefes Militares Advierten Sobre la Limpieza Étnica
La ola de críticas internas no se limita a Olmert y la cúpula de seguridad. En febrero pasado, dos exministros de Justicia del partido Likud de Benjamin Netanyahu, Dan Meridor y Meir Sheetrit, junto a más de 20 destacadas figuras legales, firmaron una carta que acusaba al actual gobierno israelí de permitir una "limpieza étnica activa y horrible" de palestinos en Cisjordania. La carta, que no había sido reportada previamente en la prensa internacional, advierte que "la responsabilidad legal y moral última de detener esta campaña de terror recae en el gobierno israelí. No lo está haciendo". Añaden que "cualquiera que preste su mano a estos [ataques de colonos], por acción u omisión, asume responsabilidad, incluidos los soldados y especialmente los comandantes en las fuerzas regulares y de reserva". Inclusive el actual jefe militar de Israel, Eyal Zamir, demandó la semana pasada acción contra la violencia de los colonos, pidiendo a "todas las autoridades del país que actúen contra este fenómeno y lo detengan antes de que sea demasiado tarde", mostrando una fisura en el establishment.
¿Qué Futuro Espera a la Justicia en un Conflicto de Décadas sin Resolución y con Crecientes Acusaciones de Genocidio?
La situación en Cisjordania es un polvorín sin visos de solución. Más allá de Cisjordania, solo se han producido 2 acusaciones contra las fuerzas de seguridad israelíes por matar civiles palestinos desde 2020. En 2021, un oficial de la policía fronteriza que disparó a un hombre autista en Jerusalén Este fue absuelto dos años después de los cargos de "homicidio imprudente". En 2023, un teniente fue acusado por la muerte en 2021 del agricultor Hasan Sami Al-Borno, quien fue abatido por fuego de tanque israelí en Gaza, pero aún no ha sido juzgado. La policía israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su incapacidad para investigar o prevenir la violencia de los colonos. Con la comunidad internacional observando de cerca y una comisión de la ONU, grupos de derechos humanos y académicos del genocidio acusando a Israel de genocidio en Gaza, la falta de rendición de cuentas en Cisjordania solo agrava el panorama. ¿Podrá Israel restaurar su "fortaleza moral" y su sistema de justicia, o se verá obligado a enfrentar la intervención de tribunales internacionales, dejando un legado de impunidad tras más de medio siglo de ocupación?
Crédito de imagen: Fuente externa







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