El Ejecutivo, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones activaron el mayor despliegue logístico y de seguridad previo a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en medio de un clima político marcado por desconfianza electoral, polarización y presión sobre los organismos del sistema electoral. Más de 120 mil efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fueron asignados para resguardar locales de votación, traslado de material y centros de cómputo en todo el país.
La ONPE confirmó además el inicio de distribución progresiva de cédulas y material electoral hacia regiones del interior y oficinas consulares para el voto en el extranjero. El organismo aseguró que reforzó protocolos de supervisión logística después de las fallas registradas en la primera vuelta presidencial del 12 de abril.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez intensificaron sus recorridos de campaña en Lima, La Libertad, Cusco y Arequipa. Ambos candidatos concentran mensajes en seguridad ciudadana, empleo y estabilidad económica, mientras buscan captar votos de agrupaciones eliminadas en primera vuelta.
El JNE confirmó también que el debate presidencial será transmitido desde Lima y tendrá bloques centrados en economía, lucha contra la criminalidad, descentralización y gobernabilidad. La expectativa política está puesta en ese encuentro porque podría definir parte importante del voto indeciso.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles pidieron evitar discursos que desacrediten el proceso sin pruebas verificables. El recuerdo de los cuestionamientos posteriores a las elecciones de 2021 y las fallas logísticas recientes mantiene preocupación sobre posibles conflictos poselectorales.
El país entra así en las dos semanas más delicadas del calendario político. La capacidad del sistema electoral para organizar una jornada ordenada será tan importante como el resultado mismo de la elección presidencial.
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