La Contraloría General de la República atribuyó presunta responsabilidad penal y administrativa a 10 funcionarios de la ONPE, incluido un exjefe de la entidad, por irregularidades que afectaron la primera vuelta electoral del 12 de abril. Según el informe n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las fallas impidieron instalar 187 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y afectaron el voto de 55 261 electores.
El caso se concentra en un contrato de transporte electoral adjudicado por S/ 6 368 332.75. De acuerdo con la Contraloría, funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para trasladar material, equipos informáticos e implementos electorales. Esa omisión abrió paso a una evaluación cuestionada en plena organización de los comicios.
El informe sostiene que evaluadores aplicaron un criterio no previsto en las bases: reducir dos metros al largo de los vehículos ofertados para medir su capacidad mínima. Con esa regla, uno de los postores recibió menor puntaje y la buena pro fue adjudicada a una oferta superior en S/ 168 148.19. La Contraloría añade que, frente al postor que debió ganar, la diferencia ascendía a S/ 469 404.09.
Un contrato bajo sospecha
La empresa ganadora prestó el servicio con 437 vehículos de terceros, equivalentes al 92 % de la flota utilizada, y apenas 40 unidades propias, el 8 % restante, según el informe de control. Para la Contraloría, esa composición reveló inconsistencias entre la evaluación técnica, la capacidad operativa real y las exigencias que debieron quedar expresamente fijadas antes de la contratación.
El órgano de control precisó que funcionarios de Producción Electoral y Gestión Electoral conocían que se requerían 68 vehículos propios y hasta 400 unidades para Lima Metropolitana y Callao. Sin embargo, no actualizaron el requerimiento ni consignaron esa cuantificación en los términos de referencia. La falla no fue menor: comprometía el despliegue de material hacia locales de votación en la jurisdicción electoral más sensible del país.
La crisis logística escaló la tarde previa a los comicios. El 11 de abril, a las 16:28 horas, funcionarios de la ONPE reprogramaron 43 rutas que cubrían 553 locales, 8261 mesas y 2 453 791 electores. Según la Contraloría, se asignaron tiempos de entrega de entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que el traslado requería al menos ocho horas.
La reprogramación derivó en la entrega tardía de material y equipos informáticos a 3605 mesas de sufragio. De ellas, 187 no fueron instaladas el día de la votación. La Contraloría también observó que equipos usados en la capacitación del 5 de abril fueron trasladados como contingencia para la jornada electoral sin las gestiones necesarias para cubrir la demanda ni evitar la afectación del cronograma operativo.
El informe cuestiona además prestaciones adicionales aprobadas entre el 7 y 9 de abril por S/ 650 205.94, vinculadas al contrato principal de transporte. Entre los cambios observados figura el aumento del precio unitario para el repliegue de 5441 equipos informáticos: de S/ 0.60 a S/ 6.00 por kilogramo, una variación de 900 %, sin sustento técnico ni legal suficiente, según la Contraloría.
La entidad recomendó al titular de la ONPE iniciar el deslinde administrativo de responsabilidades y remitió el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para evaluar acciones penales. También pidió comunicar los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia. El avance de esas rutas marcará si las fallas detectadas quedan como un episodio administrativo o abren una investigación mayor sobre la organización electoral de 2026.
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