La Presidencia del Consejo de Ministros convocó para este miércoles 27 de mayo, a las 4:00 p. m., una reunión de alto nivel en Lima, pero Saturnino Cervantes Andrés, presidente de la Federación de Productores de Arroz de La Morada, sostuvo que la invitación llegó tarde y que la falta de pasajes, transporte directo y una sede descentralizada hace inviable el traslado de los dirigentes.
El oficio múltiple N.° 000048-2026-DVGT, firmado por Francisco Martín Gavidia Arrascue, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, fue dirigido a los gobernadores regionales de Lambayeque, Ucayali, Piura, San Martín, Tumbes y Huánuco. En el documento, la PCM reconoce que la convocatoria se realiza “en el marco de la atención” a las demandas de gremios arroceros a nivel nacional y ante las movilizaciones de protesta en el interior del país.
La reunión fue programada en las instalaciones de la PCM, ubicadas en el jirón Carabaya, cuadra 1, en Lima. El Ejecutivo pidió a los gobiernos regionales coordinar la participación de dos representantes de las organizaciones arroceras de cada región, con el objetivo de “coordinar acciones conjuntas” para atender la problemática del sector.
El diálogo se concentra en Lima
Cervantes cuestionó que el Gobierno convoque una reunión en la capital cuando los productores se encuentran movilizados en las zonas arroceras. Según el dirigente, la mesa debió instalarse en un punto más accesible para las delegaciones, como Bellavista, Rioja, Tarapoto, Ucayali o Huánuco, aunque reconoció que esta última ciudad también podría resultar distante para otros gremios.
La PCM pidió además a los gobernadores “redoblar los esfuerzos” y disponer acciones inmediatas y coordinadas para superar la problemática, con el objetivo de restablecer el orden y la estabilidad en las zonas afectadas. Para los productores de La Morada, el punto pendiente sigue siendo la declaratoria de emergencia del sector arrocero y no solo la instalación de una mesa formal.
El comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló que el Ejecutivo busca “fortalecer los canales de atención” hacia el sector agrario y convocó a gobernadores regionales y representantes arroceros de distintas regiones productoras. Sin embargo, la respuesta oficial también remarcó el despliegue de acciones para salvaguardar el orden público, un énfasis que contrasta con el pedido gremial de priorizar una salida económica a la caída del precio.
Cervantes afirmó que en La Morada existen alrededor de 3,000 hectáreas de arroz y cerca de 800 agricultores afectados por una baja de precios que, según dijo, se arrastra desde hace aproximadamente un año y medio. El dirigente indicó que el arroz en cáscara se paga entre S/ 650 y S/ 700 por tonelada, muy por debajo de los S/ 1,100, S/ 1,200 y S/ 1,300 que, según recordó, recibían antes los productores.
La siguiente señal política dependerá de si la PCM mantiene la cita en Lima o acepta acercar la negociación a las zonas productoras. Mientras tanto, el paro arrocero expone una tensión mayor: el Gobierno ofrece coordinación institucional, pero los agricultores reclaman medidas concretas sobre precios, compras estatales, importaciones, deudas bancarias y una emergencia que, según Cervantes, ya compromete viviendas, terrenos y la continuidad de cientos de familias productoras.
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