EL ESPEJISMO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

Tres estampas del desencuentro territorial en Huánuco.

El enfoque territorial de la gestión pública en el Perú se ha convertido en una pieza de retórica lírica, cuando la teoría desciende al territorio, lo que encontramos no es articulación sino un archipiélago de entidades aisladas, incentivos perversos y un sálvese quien pueda institucional disfrazado de coordinación intergubernamental. En Huánuco, este desencuentro se evidencia con dolorosa claridad en tres proyectos emblemáticos que sintetizan el fracaso de la gobernanza, demostrando que el desarrollo regional no está entrampado por falta de presupuesto ni por el inexorable paso del tiempo, sino por la distorsión de las prioridades y la nula voluntad de articulación de quienes cobran su sueldo precisamente para evitar ese fracaso.

Esta preocupante desconexión se manifiesta en primer lugar en el proyecto del Hospital Oncológico de Huánuco. Anunciado como un hito de infraestructura especializada macrorregional con una inversión estimada de S/ 275 millones, la intervención ha pasado a manos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) bajo la promesa de la modalidad Fast Track, que permite el diseño y construcción simultánea. El modelo tiene una lógica impecable sobre el papel. El problema es que el papel no vive en Huánuco. Para ejecutar el proyecto, la ANIN desplaza funcionarios desde Lima, alquila locales y despliega una costosa infraestructura organizacional que duplica gastos al erario, como si en la región no existieran ni profesionales ni instituciones capaces de liderar una obra de esta envergadura. Esta desconfianza en las capacidades locales —tan silenciosa como sistemática— se suma a un entrampamiento técnico en la capital, donde el Plan Médico Funcional va y viene ante el Ministerio de Salud con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo menos el que tiene el paciente con cáncer en Huánuco. El riesgo real es que este diseño centralizado entregue un "elefante blanco" de lujo: una estructura modernísima con equipos tan sofisticados que nadie sepa operar, o tan desfasados que ya no sirvan, o en el mejor de los casos un hermoso cascarón de cemento que carezca de médicos, enfermeras y presupuesto garantizado para encender las luces. No es una hipótesis alarmista: La Contraloría General de la República acaba de publicar el Informe de Auditoría que encontró S/ 3 millones en equipos biomédicos almacenados sin uso en el Hospital Hermilio Valdizán Medrano, adquiridos con especificaciones técnicas que ya no correspondían a la normativa vigente cuando se compraron. La modernidad procesal de la ANIN corre el riesgo de asfixiarse por ignorar la única variable que no figura en ningún formato: el territorio.

Por otro lado, el drama del agua potable en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca arrastra una inercia de más de cuarenta años que demuestra, con elocuencia cruel, que la resolución de los problemas sociales no es un asunto de tiempo sino de voluntades. La línea de conducción Canchan–Cabritopampa, se encuentra en alto riesgo de colapso, lo que podría dejar sin agua potable a más de doscientos mil habitantes, mientras la EPS SEDA Huánuco permanece bajo el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS desde diciembre de 2020 como si lo "transitorio" fuera un estado natural y permanente de las cosas. En este escenario, la respuesta de las autoridades locales alcanza cotas notables de creatividad política. El alcalde provincial ha descubierto que declarar "persona no grata" a un funcionario nacional tiene más rendimiento mediático que sentarse a resolver un problema hidráulico, y que conseguir la firma de un acta de compromiso es más fotogénico que garantizar que el agua llegue a las zonas altas. Como si un pedazo de papel tuviera propiedades hidráulicas que la ingeniería aún no ha logrado replicar. A esta gesticulación se suma la contraparte del OTASS, cuyos funcionarios practican con disciplina el turismo burocrático de alto nivel: llegan con pasajes de retorno ya comprados, asisten a la mesa de trabajo para la fotografía oficial, asienten con gravedad institucional y salen disparados hacia el aeropuerto antes de que alguien les pregunte algo técnicamente comprometedor. Cuarenta años después, el agua sigue sin llegar. Pero las actas están perfectamente archivadas.

Esta misma ceguera ante el bien común se observa en el catastrófico estado del tramo vial Huánuco–Tingo María, sección estratégica de la Carretera Central que sirve de cordón umbilical para la producción que transita desde Ucayali y San Martín hacia los mercados de la costa. La vía acumula más de tres años de abandono total, baches profundos, alcantarillas colapsadas y hundimientos críticos que duplican los fletes y multiplican los tiempos. Ante este panorama, las autoridades regionales y locales han encontrado una solución elegante: no hacer absolutamente nada y ampararse en el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras para recordar que la competencia de mantenimiento corresponde a Provías Nacional y al Ministerio de Transportes. Lo que nadie explica es por qué en años nadie redactó un oficio formal de alerta, nadie activó los mecanismos de coordinación intergubernamental disponibles, nadie ejerció la defensa del territorio. La respuesta, en el fondo, es sencilla: como las autoridades locales no licitan ni adjudican esta obra, el corredor económico no figura en su agenda. Prefieren concentrar energías en proyectos menores que sí puedan direccionar y que les rindan un rédito electoral antes de las próximas elecciones. Y si alguien esperaba que la Contraloría General de la República pusiera orden en este desaguisado, conviene recordar que su rol institucional se limita a emitir alertas que nadie está obligado a implementar. La Contraloría comunica, registra, advierte. Luego archiva. Es el árbitro más diligente de un partido que nadie juega.

A manera de conclusión, estos tres casos describen con precisión quirúrgica la patología crónica del aparato público peruano: el funcionario subnacional se desvive por la obra que puede controlar y adjudicar, desentendiéndose de los grandes corredores que no le rinden comisión electoral; el ministerio centralizado diseña plantillas genéricas desde escritorios limeños duplicando costos y distancias; y la autoridad local confunde la gestión pública con la pirotecnia mediática porque la foto sale más barata que la solución. El desarrollo territorial no fracasa por la complejidad técnica de los proyectos. Fracasa porque quienes tienen la capacidad de decidir han calculado, con perfecta racionalidad egoísta, que el compadrazgo, la parcelación de competencias y el acta protocolar son más rentables que el agua en el caño, el camino sin baches y el hospital con médicos adentro. Todo está escrito, lo que falta es recordarlo.