El Poder Judicial dictó 20 años de pena privativa de libertad contra tres integrantes de una organización terrorista vinculada a Sendero Luminoso, tras una investigación desarrollada por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Huánuco. Los sentenciados fueron identificados como Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames, hallados culpables del delito de afiliación a organizaciones terroristas.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal provincial titular Eneida Aguilar Solórzano, quien presentó diversos medios probatorios que, según el Ministerio Público, permitieron acreditar la participación de los acusados dentro del denominado “Militarizado Partido Comunista del Perú”, estructura vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Participación en estructura vinculada a Sendero Luminoso
De acuerdo con la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2024 los tres sentenciados habrían formado parte de esta organización bajo la influencia de Víctor Quispe Palomino, conocido con el alias de “José”, considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de Sendero Luminoso en el VRAEM.
Las investigaciones señalan que el 22 de enero de 2024 los implicados fueron intervenidos en posesión de armas de fuego y otros elementos que, según las autoridades, evidenciaban actividades vinculadas al grupo subversivo. Entre las evidencias presentadas se incluyeron pericias técnicas, declaraciones de testigos, reconocimientos y diversos informes policiales que sustentaron la acusación fiscal.
Según lo expuesto por la fiscalía durante el juicio, los condenados cumplían funciones como denominados “cuadros nativos”, encargados de realizar labores de vigilancia y control dentro de la organización, así como amenazas contra civiles sospechosos de colaborar con las fuerzas del orden.
Durante el proceso judicial, la representante del Ministerio Público sustentó la responsabilidad penal de los acusados mediante testimonios, peritajes e informes de inteligencia policial, lo que permitió que el tribunal emita una sentencia condenatoria de 20 años de prisión efectiva, además de la inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas.
El Ministerio Público señaló que este fallo judicial forma parte de las acciones orientadas a investigar y sancionar delitos vinculados al terrorismo en el país, especialmente en zonas sensibles como el VRAEM, donde aún se reportan remanentes de organizaciones subversivas.
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