El bosque montano de Carpish está bajo presión y Huánuco no puede tratar esa amenaza como un problema lejano, ambientalista o secundario. La minería ilegal, las invasiones agrícolas y la ampliación desordenada de fronteras productivas colocan en riesgo un área que sostiene biodiversidad, agua, clima y vida para la región.
Diario Ahora considera que la defensa del Área de Conservación Regional Carpish debe pasar de las declaraciones a una política pública firme, sostenida y verificable. No basta con reconocer el problema cuando ya hay intervenciones fiscales, policiales y ambientales, ni cuando cuatro mineros ilegales permanecen con prisión preventiva, según la información expuesta por el jefe del ACR, Luis Augusto Garrido.
El Estado suele llegar tarde a los bosques. Primero permite caminos informales, ocupaciones, cultivos en zonas frágiles o actividades ilegales; luego anuncia operativos; después vuelve el abandono. Carpish no puede repetir esa historia. La conservación no se defiende con visitas protocolares, sino con vigilancia permanente, presupuesto, sanción real y presencia institucional.
También es necesario decirlo con claridad: proteger Carpish no significa enfrentarse a las comunidades. Al contrario, cualquier estrategia seria debe trabajar con ellas, reconocer sus necesidades y promover alternativas productivas sostenibles. Pero desarrollo no puede significar destrucción, ni necesidad social puede convertirse en licencia para invadir o depredar.
La reforestación con especies nativas, los acuerdos locales y los proyectos vinculados al vivero, turismo o apicultura pueden ser parte de la respuesta. Sin embargo, esas acciones serán insuficientes si no se corta la presión ilegal sobre el territorio. Sembrar árboles mientras avanzan invasiones o minería ilegal sería apenas maquillar una emergencia.
Huánuco necesita mirar a Carpish como infraestructura natural. Su bosque no solo tiene valor paisajístico: ayuda a regular agua, clima y equilibrio ecológico. Perderlo tendría consecuencias que no se corrigen con discursos ni campañas de última hora.
La responsabilidad alcanza a autoridades ambientales, gobiernos locales, Fiscalía, Policía, comunidades, universidades y ciudadanía. Cada actor debe cumplir su parte. Pero la conducción corresponde al Estado, porque sin autoridad clara los ilegales avanzan y los defensores del bosque quedan solos.
Carpish sigue en pie, pero no está a salvo. La pregunta ya no es si hay amenazas, sino cuánto tiempo más permitirá Huánuco que uno de sus patrimonios naturales más valiosos sea empujado hacia el deterioro por indiferencia, informalidad y falta de decisión pública.









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