El perverso sujeto usó argucias legales y la complicidad de malos funcionarios para robarle la vida a una niña indefensa.
El horror y la impunidad finalmente terminaron. En una ejemplar labor que devuelve la fe en la justicia, la Fiscalía Provincial Mixta de Monzón, liderada por el fiscal provincial Mg. David Melgarejo Alcedo, logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial con sede en Tingo María condene a la pena máxima de cadena perpetua a Gregorio Mateo, hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de menor de edad.
Las investigaciones fiscales desnudaron una trama macabra que comenzó en el año 2003. El sentenciado, valiéndose de un reconocimiento de paternidad fraudulento ante malos elementos de la autoridad, le arrebató la tenencia de la pequeña —que en ese entonces tenía apenas 7 años— a su madre, una mujer con discapacidad. Con la niña en su poder, Mateo la trasladó a las agrestes e inaccesibles zonas de Nueva Selva Alta y Camote Alto. Allí, bajo un régimen de terror y cautiverio absoluto, la sometió a los más viles abusos.
Un calvario de abusos y falsificaciones
Producto de esta sistemática violencia, la víctima quedó embarazada por primera vez a los 12 años, dando a luz en noviembre de 2008. Para ocultar su monstruoso crimen, el agresor registró a la bebé con apellidos falsos. Lejos de detenerse, el sujeto la obligó a tener dos hijos más en 2011 y 2014. Para consolidar su mentira, en 2013 contó con la complicidad del registrador civil de Cuyaco, quien alteró las partidas de nacimiento, le cambió el nombre a la agraviada y le aumentó la edad en los registros oficiales.
El fin de esta pesadilla llegó con un nuevo embarazo forzado, detonante de la denuncia penal. En el juicio oral, el Fiscal Adjunto Provincial, Héctor Zanoni Ucañan Gill, demolió la defensa del imputado con un arsenal de pruebas contundentes: pericias antropológicas y odontológicas que fijaron la edad real de la víctima, análisis grafológicos, la partida original de Santa María del Valle y exámenes de ADN que confirmaron científicamente que el captor era el padre biológico de los menores.
Caerá el entorno cómplice
El Ministerio Público advirtió que la justicia no se detendrá aquí. Ya se investiga penalmente a las autoridades de Cuyacu y a los pobladores que firmaron declaraciones juradas falsas para encubrir este infierno. Estos cómplices podrían recibir hasta cuatro años de cárcel. Gregorio Mateo, por su parte, pasará el resto de sus días tras las rejas de un penal.
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