El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La decisión fue adoptada la noche del 4 de marzo por el juez Adolfo Farfán Calderón, titular del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, tras evaluar el requerimiento presentado por el Ministerio Público.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para presumir peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación, criterios que sustentaron la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía. Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, cargos que se derivan del hecho que terminó con la vida de la deportista.
La audiencia que definió la situación legal del investigado se prolongó durante varias sesiones y estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa respecto a la documentación presentada por la Fiscalía. En la primera jornada, el juez decidió suspender el debate luego de que la defensa señalara que el informe pericial entregado estaba incompleto. Según el equipo legal, el documento debía contener alrededor de 50 páginas y más de 30 anexos, lo que motivó el aplazamiento para permitir su revisión integral.
Posteriormente se realizó una segunda audiencia en la que las partes expusieron sus argumentos, aunque en ese momento no se emitió una resolución inmediata. La decisión final fue anunciada recién en la sesión posterior, en la que el magistrado resolvió aceptar el pedido fiscal y ordenar la prisión preventiva mientras continúan las diligencias del caso.
Manipulación de pruebas
Durante la audiencia, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó el pedido de prisión preventiva señalando que existen indicios de riesgo procesal relacionados con la posible manipulación de información relevante para la investigación.
Según explicó, tras el análisis del teléfono móvil del investigado, solo se hallaron registros de llamadas realizadas dos horas después del accidente, lo que no coincide con otros registros obtenidos en el marco de la investigación. En particular, la Fiscalía señaló una comunicación registrada en el teléfono de Juan Montenegro Bacigalupo, padre de la expareja de Villar, Francesca Montenegro.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha llamada se habría producido a las 00:58 a.m. del 18 de febrero, pocas horas después del accidente. Sin embargo, esa comunicación no figura en el equipo incautado al investigado, lo que llevó al Ministerio Público a plantear la posibilidad de que el dispositivo haya sido manipulado.
Para la Fiscalía, este elemento constituye un indicio de posible intento de obstaculización de la investigación, motivo por el cual consideró necesaria la aplicación de la medida restrictiva. 'Ha obstaculizado la investigación y podría continuar haciéndolo', sostuvo la representante del Ministerio Público durante la audiencia judicial.
Apelación
La defensa legal de Adrián Villar, encabezada por el abogado César Nakasaki, rechazó el pedido fiscal y solicitó al juez que desestime la prisión preventiva, argumentando que esta medida no puede reemplazar una eventual sentencia.
Durante su intervención, el abogado sostuvo que su patrocinado ha reconocido responsabilidad en el atropello, pero cuestionó que la restricción de la libertad se aplique antes de que exista una condena judicial firme. En ese sentido, señaló que el investigado cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, elementos que —según la defensa— garantizan su permanencia en el país mientras continúan las investigaciones.
Nakasaki detalló que Villar mantiene vínculos familiares con sus padres y hermanos, además de contar con un domicilio acreditado mediante certificado notarial y verificación policial. Asimismo, indicó que el joven cursa el octavo ciclo en la Universidad del Pacífico, lo que demostraría su arraigo académico y social.
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