El Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en 298 distritos del país afectados por lluvias intensas y riesgo muy alto, mediante el Decreto Supremo N.° 065-2026-PCM. La medida rige desde el 10 de mayo y busca sostener acciones de respuesta y rehabilitación.
La disposición alcanza zonas expuestas a deslizamientos, huaicos, inundaciones y daños en infraestructura básica. Gobiernos regionales y municipalidades deberán coordinar con Indeci, ministerios y entidades técnicas para ejecutar medidas inmediatas en carreteras, viviendas, canales de riego, colegios y centros de salud.
La emergencia golpea con más fuerza a familias rurales que dependen de vías vecinales para trasladar productos agrícolas hacia mercados locales. Cuando una carretera queda bloqueada, también se interrumpe el acceso a atención médica, educación y abastecimiento de alimentos.
El riesgo climático se mantiene alto por la saturación de suelos y la continuidad de precipitaciones en varias regiones. En zonas agrícolas, las pérdidas pueden afectar campañas de papa, maíz, café y otros productos que sostienen economías familiares.
La prórroga abre una nueva prueba de ejecución pública. Las declaratorias permiten movilizar recursos, pero su impacto dependerá de la rapidez con que lleguen maquinaria, ayuda humanitaria y obras de protección. El punto crítico será evitar que la emergencia quede solo en norma publicada mientras los distritos esperan asistencia efectiva.
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